
Durante el verano, Amaya Mendikoetxea dirigió un mensaje a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en el que expresó la preocupación colectiva de los rectores madrileños por la necesidad de definir un modelo de financiación universitario claro, equitativo y orientado al servicio de la sociedad. Esta inquietud se enmarca en el contexto de la asunción de Mendikoetxea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), como presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA), a partir del 1 de enero, según informó Europa Press. Su liderazgo surge en un momento de tensiones y negociaciones con el gobierno de la Comunidad de Madrid, enfocadas principalmente en la sostenibilidad económica de las instituciones académicas públicas.
De acuerdo con información de Europa Press, Mendikoetxea asume esta responsabilidad relevando a José Vicente Saz, hasta ahora presidente de la CRUMA y rector de la Universidad de Alcalá de Henares. El reto que enfrenta implica continuar el proceso de diálogo y acuerdo para establecer un modelo financiero que garantice los recursos necesarios a fin de mantener y proyectar el futuro de las universidades. La propuesta de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, encabezada por Emilio Viciana, plantea que la financiación se estructure en tres componentes: una base destinada al personal y a las inversiones esenciales; una parte adicional por necesidades específicas, sobre todo infraestructuras; y una tercera fracción vinculada al logro de objetivos concretos.
El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), difundido en noviembre y al que tuvo acceso Europa Press, introduce la idea de "corresponsabilidad" de las propias universidades en la captación de recursos, con el objetivo de que estas instituciones incrementen de manera progresiva sus ingresos a través de fuentes diferentes a las transferencias realizadas por el gobierno regional. Esta propuesta implica un cambio en el modo tradicional de financiación, al requerir que los propios centros públicos madrileños diversifiquen sus vías de obtención de fondos.
Los seis rectores de las universidades públicas madrileñas —Alcalá de Henares, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos— comunicaron de manera conjunta en diciembre su insatisfacción con la normativa en proceso de discusión. Según consignó Europa Press, identificaron numerosos aspectos pendientes de resolución y manifestaron la necesidad de esfuerzos continuos en la negociación. Amaya Mendikoetxea declaró: "Es una situación complicada para todas las universidades, algunas más que otras. Hay que seguir trabajando. Nos jugamos el futuro de la universidad". En su análisis, la rectora también recordó que las jornadas de huelga universitaria organizadas en noviembre por parte de estudiantes y personal tuvieron como motivo central denunciar la infrafinanciación de las universidades públicas, una problemática que data desde 2008.
El gobierno regional confía en lograr un consenso con los rectores para que la LESUC pueda aprobarse en 2026, según transmitió Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, durante una reciente rueda de prensa. Fijó la meta de materializar un acuerdo que posibilite la aprobación definitiva y efectiva de la ley, cuya tramitación se había previsto inicialmente para 2025, pero que debió posponerse. García Martín destacó ante Europa Press que el presupuesto para las universidades públicas ha experimentado, desde 2019, un aumento superior al 23%, y anticipó la implementación de un sistema de financiación plurianual, destinado a aportar estabilidad y previsibilidad a los centros académicos.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso, en su balance anual, resaltó su objetivo de promover la diversidad institucional dentro del panorama universitario y la apertura a nuevos proyectos que cumplan con los requisitos establecidos. Según publicó Europa Press, Ayuso comunicó que persisten "proyectos que ilusionan" y cuya presentación al conjunto de la sociedad madrileña se prevé para el próximo periodo legislativo.
En cuanto al perfil académico de Amaya Mendikoetxea, Europa Press detalló que es catedrática de Lingüística Inglesa en el Departamento de Filología Inglesa de la UAM desde 2019. Es licenciada en Lingüística Inglesa por la Universidad de Deusto (Bilbao), y cuenta con un Máster y un Doctorado en Lingüística Teórica por la Universidad de York, donde defendió en 1992 una tesis sobre Teoría Sintáctica. En 1991 comenzó su vinculación a la UAM como docente y, un año después, se incorporó de manera continua a la institución.
Su trayectoria incluyó una estancia posdoctoral en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), para la que obtuvo una Beca Fulbright, y posteriormente periodos de investigación en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) y en la Universidad de Lancaster, sustentados por una Beca Salvador de Madariaga. Entre sus cargos de gestión académica se cuentan el vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UAM entre 2013 y 2017, la dirección del Departamento de Filología Inglesa en dos ocasiones, en 2003 y de 2009 a 2013, así como el vicedecanato de Estudios de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras en 2006.
La responsabilidad de Mendikoetxea al frente de la CRUMA implica coordinar las demandas de las universidades públicas de Madrid en un escenario caracterizado por la revisión de los sistemas de financiación, el desarrollo legislativo y las expectativas de diversas comunidades académicas. Las protestas recientes, como las huelgas de noviembre, y las negociaciones en curso con la administración regional han dado visibilidad a la necesidad de encontrarse soluciones adaptadas a las demandas presupuestarias y de sostenibilidad de las universidades, según se desprende del seguimiento informativo de Europa Press.
La evolución del proceso legislativo y de las negociaciones entre las partes determinará el marco al que deberán ajustarse las universidades madrileñas en los próximos años. La prioridad manifestada por las autoridades académicas radica en alcanzar un acuerdo de financiación que garantice la viabilidad y el desarrollo futuro de las instituciones.
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