La expansión de los juegos estatales, como el incremento de facturación de la Lotería de Navidad y los rascas de la ONCE, ha suscitado preocupación dentro del sector del juego privado en España. Alejandro Landaluce, director general del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), destacó estos hechos y señaló que, mientras los productos públicos registran crecimientos notables y campañas de promoción visibles, el sector privado enfrenta limitaciones publicitarias y restricciones impuestas por la Administración. Este contexto encuadra la postura crítica que la patronal del juego ha expresado frente a las recientes regulaciones y la actuación del Gobierno.
Según informó Europa Press, Cejuego ha acusado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de adoptar políticas que, en su opinión, perjudican al sector privado mediante restricciones y medidas que consideran más orientadas a generar una alarma social que a crear un marco regulador efectivo y justo. Landaluce criticó iniciativas como la imposición de límites de depósito conjunto y la obligatoriedad de mensajes de advertencia en portales de apuestas online, calificando estas estrategias como poco eficaces y con un efecto mayor sobre la estigmatización de la industria que sobre el comportamiento real del consumidor. De acuerdo con sus declaraciones consignadas por Europa Press, la mayoría de los usuarios mantiene un comportamiento sujeto a parámetros racionales y no requiere advertencias que califica como “catastrofistas” para regular su consumo de ocio.
Landaluce insistió en que el sector del juego es consciente de la importancia de proteger a colectivos vulnerables y avanzar hacia una práctica responsable. No obstante, cuestionó lo que describe como una "doble vara de medir" en la aplicación de restricciones, observando que el juego privado enfrenta severos controles en sus comunicaciones, a la vez que se permite e incluso se favorece la promoción de productos de entidades públicas como la ONCE y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae). Para ilustrar este punto, citó la promoción de la Lotería de Navidad, los anuncios que la acompañan, y el efecto social evidenciado en las largas colas en torno a puntos de venta oficiales.
Según publicó Europa Press, el auge de los rascas de la ONCE también captó la atención de la patronal, que pidió que estos productos se sometan a las mismas restricciones que afectan al juego privado, debido a su significativa incidencia entre menores de edad. Landaluce enfatizó la necesidad de mantener una regulación igualitaria, coherente y respaldada por datos verificables. A su juicio, la competencia con los juegos públicos resulta especialmente compleja para el sector privado, dado el respaldo institucional y la percepción social de que, al participar en estos productos, los ciudadanos contribuyen a fines sociales, algo que, según él, no exime el crecimiento de los productos de ONCE de representar un motivo de alerta.
El marco regulatorio propuesto por las autoridades y algunas de las últimas medidas anunciadas, como los límites globales de depósitos de 600 euros diarios o 1.500 euros semanales para operadores online, fueron puestos como ejemplo de políticas potencialmente contraproducentes. Tal como detalló Europa Press, la patronal argumentó que estos controles podrían incentivar la migración de usuarios hacia plataformas no autorizadas, donde no existen mecanismos de protección. Landaluce advirtió de los riesgos de fomentar el juego ilegal con regulaciones estrictas que no tienen en cuenta el perfil real del consumidor de juego, señalando que la ausencia de controles en plataformas sin licencia expone a los usuarios a prácticas fraudulentas.
El medio Europa Press reportó que Cejuego considera al juego ilegal uno de los principales retos para las autoridades y para el sector reglamentado. En este sentido, Landaluce exhortó al Gobierno y a los organismos reguladores a elegir medidas basadas en la evidencia, capaces de proteger al usuario sin empujarlo hacia la clandestinidad. La patronal también propuso fortalecer la cooperación en campañas de concienciación e intercambio de información sobre actividades y operadores irregulares, con el objetivo de establecer un sistema regulatorio homogéneo en el que tanto operadores privados como públicos se sometan a las mismas condiciones y niveles de exigencia.
Por último, Landaluce defendió la postura de la patronal, explicando que el propósito no reside en demonizar a ningún actor del sector, sino en reivindicar la necesidad de justicia regulatoria. Solicitó que toda nueva legislación se base en datos constatados y que se promueva una competencia equitativa que, según argumenta, facilitaría tanto la protección de los consumidores como un desarrollo adecuado del sector legal.
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