2025 deja al menos 46 mujeres y tres menores asesinados por violencia de género

Las estadísticas que desde 2003 recopila el Ministerio de Igualdad muestran que el año 2025 ha elevado a 1.341 el total de mujeres asesinadas por violencia de género en España. El informe, según Europa Press, pone de manifiesto que 2025 suma al menos 46 mujeres y tres menores víctimas mortales de la violencia machista, en una tendencia que apunta a uno de los semestres más letales de la última década. La noticia principal, señalada por el Ministerio de Igualdad y recogida por Europa Press, destaca que, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, la mayoría de los casos no presentaban denuncias previas, lo que agrega un factor adicional de preocupación en las políticas de prevención.

Según la agencia Europa Press, las cifras oficiales muestran que el mes de junio concentró el mayor número de víctimas de 2025, con ocho mujeres y un menor asesinados en ese periodo. A modo de comparación, durante todo el año 2024 se documentaron 49 mujeres y 9 menores asesinados, un año que ya había superado todos los registros previos en lo que respecta a menores, igualando solo los datos de 2015 para esa franja de edad. En el caso del presente año, la violencia vicaria ha segado la vida de tres menores, víctimas mortales a manos de la pareja o expareja de su madre, en los meses de abril, mayo y junio.

Respecto a la distribución geográfica, el Ministerio de Igualdad detalló que Andalucía encabeza en 2025 la estadística nacional con 14 mujeres asesinadas por violencia de género, lo que implica casi el 30% del total anual. Cataluña registra cinco casos, mientras que Madrid y la Comunidad Valenciana suman cuatro cada una, seguidas de Extremadura con tres. Otras autonomías como Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia reportan dos casos respectivamente, mientras que Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja han contabilizado un caso cada una en el periodo evaluado.

En cuanto a los perfiles de las víctimas, la estadística oficial a la que tuvo acceso Europa Press revela que la franja de edad más afectada corresponde a mujeres de entre 41 y 50 años, con 14 fallecimientos. Once de las víctimas tenían entre 31 y 40 años, seis entre 51 y 60, cinco entre 21 y 30, otras cinco en el rango de 71 a 84, tres entre 61 y 70, una entre 18 y 20 años, y una de 85 años o más. Entre las mujeres asesinadas, 27 eran de nacionalidad española, cifra que representa cerca del 60% del total y que se replica entre los presuntos agresores.

La información difundida por Europa Press también recoge estadísticas sobre los responsables de los homicidios. Cinco de los 46 presuntos agresores se suicidaron tras cometer los crímenes y otros nueve lo intentaron sin lograrlo. En cuanto a las características de las víctimas menores, los datos oficiales muestran que uno de los niños asesinados tenía entre 1 y 2 años, otro entre 5 y 6 años y el tercero entre 13 y 14 años. Los tres menores eran españoles según la información extraída de las autoridades, mientras que dos de los presuntos agresores procedían de otros países y uno tenía nacionalidad española. Geográficamente, la Comunidad Valenciana, Murcia y el País Vasco registraron cada una el asesinato de uno de estos menores.

El Ministerio de Igualdad, al que hace referencia Europa Press, subraya de manera especial que más del 78% de los casos de violencia de género ocurridos en 2025 no contaban con ninguna denuncia previa. Esta ausencia de denuncias constituye uno de los principales retos para la intervención y protección de las posibles víctimas, motivo por el que el departamento dirigido por Ana Redondo refuerza sus campañas de concienciación, enfocadas tanto en las propias mujeres como en su entorno cercano.

Respecto a los recursos disponibles, las vías de atención y asesoramiento permanecen activas las 24 horas todos los días a través del teléfono 016, así como mediante consultas por correo electrónico (016-online@igualdad.gob.es), canal de WhatsApp (600 000 016) y chat digital accesible en la web oficial de violencia de género del ministerio. El teléfono 016 también ofrece asesoramiento jurídico en horario de 8 a 22 horas todos los días, atención en 53 idiomas y servicios adaptados para personas con discapacidad. Para emergencias inmediatas es posible contactar con el 112 y con los teléfonos de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062). En situaciones donde no se pueda realizar una llamada, está habilitada la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una alerta con geolocalización directamente a las autoridades.

El acceso a estos circuitos de ayuda y denuncia, de acuerdo con Europa Press, no está limitado a las víctimas directas, sino que puede ser activado por cualquier persona conocedora o sospechosa de un caso de violencia de género. Entre 2013 y 2025, el total de menores asesinados en el contexto de violencia vicaria se elevó a 65, cifra que evidencia la persistencia del problema más allá de las víctimas adultas.

El Ministerio de Igualdad insiste en la necesidad de fortalecer las políticas de sensibilización y las redes de apoyo, priorizando la detección precoz y la movilización social para evitar nuevos episodios de violencia letal. La recopilación continua de datos desde 2003 y la generación de informes periódicos permiten, según indica Europa Press, analizar tendencias, identificar colectivos de mayor vulnerabilidad y orientar la respuesta institucional ante la gravedad del fenómeno.

La recopilación de testimonios y datos cada año permite observar patrones asociados a la recurrencia de casos sin denuncias previas y a la distribución desigual por comunidades autónomas. Andalucía, por su parte, mantiene la cifra más elevada del país en lo que va del año, reforzando el desafío de implementar acciones focalizadas allí donde los índices alcanzan mayores dimensiones.

La comparación histórica entre 2024 y 2025, según consta en los informes recabados por Europa Press, confirma que el reto de reducir la incidencia de mujeres y menores asesinados por violencia de género requiere persistencia en la mejora de los recursos de protección, el acceso efectivo a los sistemas de alerta y una conciencia activa en la sociedad española para romper el silencio y fomentar la denuncia.