El memorando emitido por la fiscal estadounidense Pam Bondi detalla que cualquier persona que exprese oposición a la ley migratoria o manifieste opiniones que respalden la migración masiva y la apertura de fronteras puede quedar incluida dentro de los parámetros de investigación federal. Según informó Los Angeles Times, Bondi ordenó al FBI enfocarse en individuos catalogados como “terroristas domésticos” si recurren a la violencia, o amenazan con hacerlo, como método para impulsar agendas políticas o sociales opuestas a los valores estadounidenses, capitalistas o cristianos. A partir de estas directrices, el Departamento de Justicia ha solicitado la creación de una lista de personas objetivo y la implementación de un sistema de recompensas en efectivo diseñado para incentivar a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad considerada antiamericana.
El medio Los Angeles Times detalló que la iniciativa responde a la reciente organización de un grupo operativo federal dedicado a la lucha contra el “terrorismo doméstico” y la “violencia organizada”, instaurado bajo la directriz del presidente Donald Trump. Este grupo tiene por propósito central perseguir a los colectivos identificados como “izquierda radical”, en línea con la narrativa del ejecutivo estadounidense tras el fallecimiento del influencer conservador Charlie Kirk en septiembre. De acuerdo al documento firmado por Trump citado por el rotativo, el gobierno argumenta que la escalada de violencia política proviene de campañas estructuradas de intimidación, radicalización y amenazas, cuyo fin sería silenciar a opositores, frenar el debate público, incidir en procesos políticos y entorpecer el normal funcionamiento de la sociedad democrática.
La nueva orden presidencial, según consignó Los Angeles Times, instruye además a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a organismos federales como el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia a identificar y neutralizar cualquier red de financiamiento que brinde apoyo a estas organizaciones. El objetivo es interrumpir el flujo de recursos que pueda habilitar actividades consideradas ilegales o violentas, según los parámetros definidos por el gobierno.
En el memorando fechado el 4 de diciembre al que accedió el medio, Bondi especifica que la amplia categoría de agendas políticas o sociales bajo escrutinio incluye también posturas extremas respecto a migración, así como el rechazo a las leyes o a su aplicación, sin mencionar expresamente a sectores supremacistas blancos. En línea con estas prioridades, instruyó activar un sistema de recompensas económicas que permita a cualquier persona aportar información útil para las autoridades federales respecto a sospechosos de actividades antiamericanas.
Según publicó Los Angeles Times, la ausencia de referencias explícitas a la supremacía blanca en el nuevo protocolo ha generado interrogantes sobre el alcance y los destinatarios de la medida. Mientras la orden contempla una vigilancia intensiva sobre posiciones disidentes vinculadas a la migración o a la protesta social, no detalla acciones directas contra grupos de ultraderecha o supremacistas blancos, a pesar de su rol en incidentes de violencia recientes en el país.
El impulso de estas acciones sigue la línea de endurecimiento político y legal impulsada por la administración Trump, que desde septiembre ha enfatizado la necesidad de frenar lo que define como amenazas a la estabilidad democrática y al orden público. De acuerdo con la información recabada por Los Angeles Times, el presidente argumentó en su directiva que la respuesta estatal está justificada por el desarrollo de campañas coordinadas que, a través de métodos violentos y amenazantes, obstaculizan la libre expresión y la participación política plural.
La estrategia incorpora la participación activa de fuerzas federales, incluyendo la coordinación interinstitucional y la aplicación de nuevos incentivos financieros destinados a promover la colaboración ciudadana en la denuncia de sospechosos. Los Angeles Times reportó que estas medidas buscan reforzar los mecanismos de vigilancia interna como parte de una política de seguridad que prioriza la rapidez en la identificación y persecución de individuos o grupos catalogados como amenazas domésticas, en particular aquellos que adopten posiciones divergentes respecto a políticas migratorias o el modelo de sociedad promovido desde el ejecutivo.
Las autoridades federales, conforme a las indicaciones recogidas por el rotativo angelino, pretenden de este modo intensificar los esfuerzos de prevención y control sobre movimientos considerados hostiles al statu quo, ampliando tanto los recursos legales disponibles como las instancias de cooperación entre organismos de seguridad y la ciudadanía.
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