Crece un 18% el número de hogares que perciben el IMV con 2,4 millones de personas beneficiarias

El promedio de edad entre las personas amparadas por el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se sitúa en los 28,37 años, una cifra que, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, refleja el respaldo de la prestación a sectores jóvenes en riesgo de exclusión social. El IMV, que garantiza un nivel mínimo de ingresos a hogares en situación vulnerable, ha ido adaptando sus requisitos para facilitar el acceso, permitiendo, por ejemplo, que jóvenes mayores de 18 años o menores emancipados con hijos puedan solicitarla, y acortando el tiempo necesario de vida independiente para quienes tienen menos de 30 años.

De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de hogares que recibe el Ingreso Mínimo Vital creció un 18,1% durante el último año, hasta alcanzar los 785.722, mientras que la cantidad de beneficiarios subió hasta 2,4 millones de personas, un aumento del 18,7%. Según datos oficiales recogidos en noviembre, había 120.214 prestaciones activas más que hace un año y se añadieron 378.838 nuevos beneficiarios. El importe medio entregado por hogar es de 485 euros mensuales, lo que elevó el desembolso total a 406,1 millones de euros en la última nómina.

El perfil de quienes acceden al IMV evidencia una presencia predominantemente femenina. El 67,9% de los titulares, es decir, 533.681 personas, son mujeres. Si se observa el conjunto de beneficiarios, el 53,5% corresponde también a mujeres, lo que representa a 1.420.373 personas, según reportó el ministerio. Esta prestación, que nació hace cinco años como una herramienta clave contra la pobreza y la exclusión social, pone especial atención en la protección de la infancia.

El Ministerio subraya que el IMV se considera una “herramienta esencial” en la estrategia contra la pobreza, con especial incidencia en la infantil, ya que la cuantía de la prestación aumenta en función del número de menores presentes en la unidad de convivencia. Actualmente, el 40,8% de los beneficiarios del IMV son menores de edad, lo que equivale a 980.194 niños, niñas y adolescentes que reciben cobertura. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, expuso que “la pobreza infantil es la expresión más dura de la desigualdad y el IMV es clave para combatirla: cerca del 41% de sus beneficiarios son menores y en la mayoría de los hogares donde se percibe la prestación viven niños o adolescentes”, según consignó el propio ministerio.

En el mes de noviembre, más de dos tercios de las familias protegidas por el IMV (un total de 538.873 hogares, cifra que supone el 68,6% del total de perceptores) contaban con menores de edad conviviendo en el domicilio. Dentro de este grupo, 133.078 corresponden a hogares monoparentales, muchos de ellos encabezados por mujeres responsables exclusivas de la crianza y los cuidados familiares. Estas cifras marcan la orientación de la ayuda a situaciones familiares específicas, de acuerdo con lo reportado por el ministerio.

A la cobertura del IMV se añade el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Solo en el mes de noviembre, este complemento alcanzó a 553.300 hogares, con una ayuda media de 68,3 euros por cada menor y 126,10 euros por familia con menores. Las cuantías del CAPI varían en función de la edad de los hijos: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros mensuales para edades comprendidas entre 6 y 18 años. El CAPI puede solicitarse de manera independiente al IMV, ya que se aplica con umbrales de renta más elevados y protege tanto a familias en pobreza severa como a hogares con ingresos bajos o moderados, señaló el ministerio.

El alcance del CAPI amplía la red de protección social para la infancia. De acuerdo con los criterios técnicos vigentes, puede solicitarlo, por ejemplo, una familia formada por dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros mensuales, lo que extiende el apoyo mucho más allá de los núcleos en situación de pobreza extrema y abarca a nuevos segmentos de población.

Según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde su implantación, el IMV ha respaldado ya a más de 3,3 millones de residentes en España, de los que más de 1,4 millones son niños y adolescentes. Este impacto se ha visto favorecido por la incorporación de mejoras en los criterios de acceso y en la gestión de la prestación, una de cuyas novedades es la introducción de un sistema de doble revisión de ingresos. De este modo, desde el mes de mayo, las familias beneficiarias pueden conocer con antelación si la cuantía de su prestación se mantendrá, aumentará, disminuirá o cesará en función de los ingresos percibidos el año anterior.

Para acceder al IMV, los solicitantes deben acreditar residencia legal, efectiva y continuada en España durante al menos el año previo a la solicitud. En el caso de ciudadanos comunitarios o suizos, este requisito se documenta con el registro central de extranjeros, mientras que las personas originarias de terceros países deben presentar la tarjeta o autorización de residencia correspondiente. Además, se exige demostrar el domicilio habitual por medio de certificado de empadronamiento, y la composición de la unidad familiar mediante libro de familia, certificados del registro civil o datos de empadronamiento, según detalla el ministerio.

El IMV demanda también que tanto la persona solicitante como su núcleo familiar se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, definida por la insuficiencia de ingresos o patrimonio. Esta prestación, explicó el ministerio, es compatible con rentas obtenidas a través de trabajo y contempla incentivos orientados a promover la inserción al mercado laboral y la mejora del bienestar de las familias. Además, el sistema de actualización anticipada de los importes busca aportar predictibilidad y mayor estabilidad a los hogares.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones resalta que el IMV está concebido como un derecho subjetivo, es decir, se adapta a las circunstancias específicas de cada hogar solicitante, y forma parte del entramado de políticas sociales que buscan reducir las tasas de pobreza y exclusión en España. En palabras de la ministra Elma Saiz, recogidas por el propio ministerio, “el IMV ha acompañado ya a millones de personas y demuestra cada día que invertir en protección social es invertir en cohesión y en futuro”.

Desde la puesta en marcha de la prestación, las autoridades han mostrado su intención de continuar optimizando y ampliando su radio de acción para que llegue a quienes más lo necesitan. El objetivo, resumió la ministra Saiz, es consolidar el IMV como una herramienta que no solo cubra necesidades inmediatas, sino que refuerce la cohesión social y contribuya a construir mejores oportunidades para los colectivos en situación vulnerable.