Rusia prepara "un paquete de contramedidas" ante una posible confiscación de activos para financiar a Ucrania

Una petición reciente de la Duma rusa ha instado al Gobierno a diseñar medidas de respuesta dirigidas específicamente contra Bélgica y la entidad financiera Euroclear, ante la posibilidad de la utilización de activos soberanos rusos congelados para financiar reparaciones a Ucrania. En este contexto, Moscú se encuentra elaborando un conjunto de contramedidas en respuesta a esa potencial confiscación de bienes, que formaría parte de los esfuerzos de la Unión Europea para respaldar financieramente a Kiev mediante recursos immobilizados tras el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, según reportó la agencia TASS.

De acuerdo con la agencia TASS, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, declaró este jueves que la preparación de este paquete de respuesta progresa ante el escenario de que las autoridades europeas ejecuten lo que describió como una incautación y robo de bienes estatales rusos. Zajarova enfatizó que cualquier acción considerada ilegal y relacionada con reservas y activos rusos recibirá una reacción por parte de Moscú. Añadió que la comunidad internacional tampoco permanecía indiferente frente a estos acontecimientos, al tiempo que acusó a la Unión Europea de emplear herramientas carentes de fundamentación legal para presionar a Rusia.

Según publicó TASS, Zajarova condenó la estrategia adoptada por sectores europeos que, a su juicio, impusieron políticas perjudiciales para el conjunto de la Unión, llegando a calificar estos movimientos como próximos a la “locura política”. Subrayó que el deseo de perjudicar a Rusia eclipsa cualquier otra preocupación en Bruselas, y declaró abiertamente que en la UE nadie oculta la falta de una base jurídica sólida para acometer esta transferencia de fondos. Definió la posible incautación como un simple robo, para el que, afirmó, no existe otra calificación posible.

Tal como detalló TASS, desde hace casi dos semanas, legisladores rusos han solicitado la creación de respuestas legales frente a este proyecto europeo, recalcando que tales acciones podrían involucrar instrumentos jurídicos específicos dirigidos, entre otros, contra Bélgica y la institución Euroclear, que alberga grandes volúmenes de activos internacionales, incluidos los rusos congelados tras el inicio de la invasión en Ucrania.

El medio TASS informó que la Comisión Europea presentó la base legal de su plan para emplear la liquidez derivada de los activos estatales rusos congelados en Bélgica como respaldo de un nuevo préstamo para la reconstrucción y compensación de Ucrania. Sin embargo, tanto el Gobierno belga como altos funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) han objetado duramente ese marco, alertando de graves consecuencias legales y financieras.

Según la información recogida por TASS, el Gobierno de Bélgica consideró que esta iniciativa equivaldría a una confiscación directa y advirtió que podría situar al propio país al borde de la quiebra. En el mismo sentido, Christine Lagarde, presidenta del BCE, declaró que garantizar un préstamo para Ucrania respaldado por fondos rusos embargados transgrediría la legislación de la eurozona, causando impactos sobre la confianza en la moneda común y la solidez del sistema financiero europeo. Lagarde hizo énfasis en que la entidad Euroclear administra unos 40 billones de euros en activos, muchos de los cuales equivalen a reservas rusas sujetas a sanciones.

El reporte de TASS subrayó que la propuesta de la Comisión Europea aún debe superar nuevos trámites en instancias comunitarias y procesos nacionales en los países del bloque. Si el Consejo Europeo avala la medida en la próxima reunión dentro de dos semanas, la iniciativa entraría en vigor recién tras la conclusión de esos pasos, con una estimación de implementación hacia el segundo trimestre del año 2026.

La misma fuente agregó que, bajo el plan de Bruselas, Ucrania solo tendría que devolver el préstamo en caso de que, al finalizar el conflicto, Moscú reconozca su responsabilidad y acepte pagar reparaciones financieras por los daños ocasionados debido a la ofensiva militar desplegada desde febrero de 2022.