Nigeria, ante una crisis multifacética de seguridad y la presión diplomática de Trump

El avance de la desertificación y la falta de recursos han impulsado a comunidades desde el norte de Nigeria hacia regiones centrales, generando una disputa intensificada por tierras fértiles y desencadenando enfrentamientos intercomunitarios. Según consignó el medio Europa Press, este contexto de presión ambiental se suma al incremento de ataques y desplazamientos, situando a más de 35 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria grave de aquí a 2026, especialmente en el norte del país. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó que esta emergencia, agravada por la violencia de grupos armados y el deterioro socioeconómico, ha elevado la amenaza de hambruna a niveles sin precedentes en la última década.

El escenario nigeriano se complica por la presencia de múltiples actores armados. Europa Press detalló que organizaciones como Boko Haram, el Estado Islámico en África Occidental (ISWA) y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), filial de Al Qaeda en el Sahel, han incrementado su actividad violenta, mientras grupos definidos por las autoridades como "bandidos" se orientan al secuestro de civiles, con escuelas e iglesias entre sus objetivos principales, en busca del cobro de rescates. El reporte del PMA subraya que los ataques recurrentes han dejado a millones sin acceso seguro a alimentos y servicios básicos, con especial impacto en los niños residentes de los estados de Borno, Sokoto, Yobe y Zamfara. El director del PMA en Nigeria, David Stevenson, afirmó, según Europa Press, que “las comunidades están bajo una gran presión por los repetidos ataques y el estrés económico”, advirtiendo que la falta de respuesta alimentaria adecuada podría incrementar la inestabilidad, ya que los grupos insurgentes explotan el hambre para ampliar su influencia.

El conflicto en Nigeria abarca dimensiones étnicas y económicas, acentuadas por el movimiento forzado de agricultores y pastores y por las ambiciones separatistas igbo en el sureste, según explicó Europa Press. Los igbo, mayoritariamente cristianos, protagonizaron la declaración de independencia de Biafra en 1967, hecho que desató una guerra civil de tres años. A la par, la proliferación de bandas criminales en el centro y norte y la dificultad de los sucesivos gobiernos para restaurar el orden han exacerbado la emergencia humanitaria y de seguridad en el país, cuya extensión supera la de Francia y Alemania juntos.

Los yihadistas han diversificado sus fracciones, de acuerdo con información de Europa Press. Tras su fundación en 2002 por Mohamed Yusuf, Boko Haram se enfocó al inicio en la prédica religiosa y el rechazo a la influencia occidental, particularmente en la educación. Luego de la muerte de Yusuf y bajo el liderazgo de Abubakar Shekau, el grupo instauró una insurgencia armada y llegó a controlar amplias zonas del noreste. En los últimos años, la fragmentación dio origen a ISWA y Ansaru, mientras otras facciones como Mahmuda y Lakurawa —este último en el noroeste— ampliaron el radio de actividad violenta. Lakurawa, que inició como milicia de autodefensa, tomó posiciones extremistas y fue clasificado como organización terrorista. Paralelamente, los llamados "bandidos", carentes de una agenda ideológica definida, concentran sus operaciones en la obtención de ganancias económicas.

La violencia en Nigeria tiene una naturaleza multidimensional y no obedece exclusivamente a motivaciones religiosas. Según el análisis consignado por Europa Press, la mayoría de los ataques se registra en zonas de mayoría musulmana, con musulmanes como principales víctimas, pese a que el cristianismo constituye la segunda religión del país. De manera persistente, los enfrentamientos entre agricultores y pastores, alimentados en parte por el señalamiento de los fulani —colectivo pastoril señalado como fuente de reclutamiento de grupos armados— han intensificado la competencia sobre territorios y recursos.

La respuesta internacional agrega complejidad al escenario interno. Europa Press puntualizó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros altos funcionarios de su administración denunciaron públicamente lo que consideraron inacción o aceptación tácita del “asesinato masivo” de cristianos, tildando la crisis de “genocidio” y advirtiendo sobre una posible intervención militar. El 31 de octubre, Trump comunicó la designación de Nigeria como país de especial preocupación bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional y, al día siguiente, amenazó con cortar la ayuda y dio instrucciones al Pentágono para preparar posibles acciones. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, manifestó a través de redes sociales la disposición de su departamento: “O bien el gobierno nigeriano protege a los cristianos o mataremos a los terroristas islamistas que cometen estas atrocidades”. El Departamento de Estado notificó, además, la imposición de restricciones de visado a ciudadanos de Nigeria y otros países en respuesta a los ataques y “violencia contra cristianos”.

Europa Press señaló que este enfoque, que presenta la situación como un genocidio contra cristianos, no refleja la complejidad real del conflicto, pues omite factores como los ataques perpetrados por separatistas igbo y la composición religiosa de las víctimas de Boko Haram. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, manifestó a mediados de noviembre que “las principales víctimas de Boko Haram son musulmanes, no cristianos”, agregando que la complejidad de la situación en el norte de Nigeria precisa cautela antes de emitir declaraciones como las expuestas por la administración estadounidense. La Unión Africana sostuvo con claridad que “no hay un genocidio” en el país.

Autoridades nigerianas han respondido a la crisis con cambios en el liderazgo político, incluyendo la salida del ministro de Defensa, Badaru Abubakar, oficialmente por motivos de salud. El presidente Bola Tinubu reiteró, de acuerdo con Europa Press, el compromiso del gobierno con la protección de la libertad religiosa y la defensa de los derechos de toda la población frente al extremismo. A pesar de estos esfuerzos, la inseguridad generalizada y la crisis humanitaria avanzan ante la combinación de presiones internas y externas, la falta de recursos y las divisiones resultantes de factores históricos, económicos, étnicos y religiosos.