Al menos dos muertos tras un operativo policial para desalojar a campesinos que ocupaban cuatro fincas en Brasil

El reclamo de transparencia y el pedido de investigaciones independientes sobre los procedimientos adoptados por la Policía Militar surgieron con fuerza tras la muerte de dos personas durante un operativo de desalojo en el suroeste de Rondonia, Brasil. Grupos sociales y organizaciones rurales denunciaron la falta de claridad en torno a los hechos, así como la ausencia de fiscalización adecuada sobre el uso de la fuerza letal, según consignó Agencia Brasil. A raíz de lo ocurrido, se profundizó la desconfianza hacia las instituciones encargadas de regular la tenencia de la tierra y garantizar la seguridad en las áreas rurales.

El operativo, que tuvo como escenario cuatro propiedades vinculadas al grupo Nelore Di Genio, derivó en la remoción forzada de decenas de familias campesinas como parte de la operación policial denominada “Reintegración de la Posesión Grupo Di Genio”. Según información provista por Agencia Brasil, el despliegue involucró al Batallón de Choque de la Policía Militar, con el objetivo de restablecer el control de las fincas ocupadas por personas en situación de vulnerabilidad que reclamaban alternativas para mantener sus medios de vida ante la presión de grandes empresas.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada por Agencia Brasil, la polémica se acentuó cuando, tras el desalojo, una persecución policial concluyó en el fallecimiento de dos individuos. Según la versión de la Policía Militar, el patrullaje preventivo se realizó para evitar reocupaciones de las fincas y culminó en un enfrentamiento, luego de que un vehículo presuntamente vinculado a las familias desalojadas evadiera un control policial y sus ocupantes, según el reporte oficial, dispararan contra los agentes. Acto seguido, los policías respondieron abriendo fuego, ocasionando la muerte de ambos ocupantes. Agentes de la fuerza reportaron la incautación de dos armas de fuego, municiones y varios teléfonos móviles en poder de las víctimas, detalló Agencia Brasil.

En declaraciones recogidas por Agencia Brasil, la Policía Militar defendió la actuación de sus efectivos argumentando que “la conducta de los implicados, al desobedecer órdenes legítimas y disparar contra agentes públicos, representó un grave riesgo para la comunidad y el orden público, justificando la intervención de la guarnición”. Las autoridades fundamentaron su accionar en la necesidad de preservar la seguridad y restablecer la normalidad luego del desalojo, vinculando la respuesta policial directamente al presunto ataque armado que, según su versión, recibieron durante la operación.

Pese a las justificaciones oficiales, el relato presentado por representantes de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y otros colectivos rurales difiere del informe gubernamental. Voceros de la CPT, citados por Agencia Brasil, cuestionaron la legitimidad de la persecución posterior al desalojo y rechazaron que los campesinos desalojados hubieran disparado contra la fuerza pública. Desde estos sectores, se insistió en las profundas divergencias entre la versión policial y los testimonios proporcionados por quienes acompañaban a las familias desplazadas. La CPT centró su crítica en la falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza y en la legalidad de los métodos adoptados durante la intervención.

El episodio reavivó el debate sobre el derecho a la tierra en Brasil, país marcado por frecuentes tensiones entre grandes conglomerados agrícolas y comunidades rurales empobrecidas. Según Agência Brasil, las familias desalojadas vivían desde hacía tiempo en los predios en cuestión, sin acceso a recursos elementales para subsistir. Las críticas al operativo y la exigencia de alternativas estructurales para estas comunidades expusieron las dificultades persistentes en la protección de los derechos de quienes dependen del acceso a la tierra como recurso vital.

El grupo Nelore Di Genio, activo en el rubro de la educación y hoy convertido en importante propietario rural, cobró notoriedad tras el operativo policial que le devolvió el control de las fincas. Este escenario, de acuerdo con lo reportado por Agência Brasil, permitió visibilizar la dinámica de presión ejercida por grandes empresas sobre territorios habitados por familias campesinas, ahondando el debate sobre el rol del Estado en la regulación y el resguardo de los territorios rurales.

El duelo social y la sensación de inseguridad se incrementaron entre las familias desplazadas y las organizaciones que las acompañan, reportó Agência Brasil, señalando una creciente distancia entre las comunidades rurales y las autoridades. El pedido recurrente de transparencia en las intervenciones policiales y el reclamo de garantía de derechos humanos mostraron la magnitud de la crisis de confianza hacia las instituciones estatales en el contexto de los conflictos agrarios.

El caso de Rondonia, según la cobertura de Agência Brasil, se inserta en una problemática histórica del país, donde los intereses de grandes grupos económicos, las demandas campesinas y la presencia estatal se entrelazan en escenarios de alta conflictividad. La falta de consenso sobre los hechos, sumada a las diferencias en las versiones recabadas, contribuyó a mantener la incertidumbre sobre los límites y atribuciones de las fuerzas de seguridad en situaciones de disputa territorial.

Las respuestas sociales al desenlace letal de la operación incluyeron el llamado a investigaciones independientes y a una vigilancia más exhaustiva sobre el accionar policial en zonas rurales. Según detalló Agência Brasil, la controversia derivó en una revisión pública sobre la legalidad y la proporcionalidad de las acciones estatales, además de reactivar la discusión sobre el marco normativo que regula los derechos humanos y la protección de las comunidades vulnerables frente al avance de intereses empresariales.

El operativo y sus consecuencias marcaron un nuevo capítulo en la historia de los conflictos rurales en Brasil, donde, según Agência Brasil, persisten desafíos asociados al acceso a la tierra, la seguridad pública, la aplicación de la ley y la defensa de las condiciones de vida de sectores empobrecidos. Las denuncias sobre la falta de fiscalización y las dudas en torno a los criterios que rigen el uso de la fuerza estatal contribuyeron a mantener vigente la discusión sobre la manera en que las políticas públicas intervienen en las disputas rurales que caracterizan al país.