El periodista al que el fiscal general habría filtrado el 'email' clave sobre el novio de Ayuso lo niega: "No"

Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER, afirmó durante su declaración como testigo que obtuvo conocimiento del controvertido correo acerca del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso gracias a una fuente distinta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Campos subrayó su posición negando tajantemente haber recibido ese 'email' por parte de García Ortiz, en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo contra el fiscal general por la supuesta filtración de secretos, según informó el medio.

El procedimiento judicial investiga si García Ortiz fue quien facilitó a Campos el correo que la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, envío el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. En ese mensaje, el abogado de González Amador ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo que evitara la prisión. La Fiscalía señalaba a Campos durante el interrogatorio: "¿Esa fuente a la que hace referencia es el fiscal general?", ante lo cual el periodista respondió: "No", según publicó el medio.

De acuerdo con lo relatado por Cadena SER, el periodista explicó en el juicio cómo consiguió ver el mensaje relevante la tarde del 13 de marzo, en horas previas a que el diario El Mundo difundiera información relacionada, basada en un correo diferente del 12 de marzo. Esa noche, El Mundo publicó a las 21:29 que la Fiscalía habría propuesto un pacto a la defensa de González Amador. Campos indicó que accedió a los detalles del correo del 2 de febrero después de las 15:34 de esa misma jornada, momento en el que García Ortiz, según las investigaciones, aún no tenía acceso a la cadena de mensajes entre la defensa y el fiscal del caso, Julián Salto. Según las actas del proceso, el fiscal general recibió esos correos electrónicos recién a las 21:59, detalló la Cadena SER.

El periodista mencionó que su interés por el caso inició el 12 de marzo tras la publicación de elDiario.es, que informó sobre una investigación fiscal a González Amador. Por el mismo motivo, Díaz Ayuso se pronunció negando conductas irregulares, lo que incrementó el interés mediático. A partir de ese momento, Campos realizó diversas averiguaciones hasta que una fuente le confirmó que la defensa había propuesto un acuerdo a la Fiscalía. "¿Tienes pruebas?", preguntó Campos, y la fuente le respondió: "Vente y te lo enseño". El periodista acudió al despacho de su fuente, aunque evitó especificar si se trataba de una dependencia oficial, acogiéndose al secreto profesional.

En el lugar, leyó el correo del 2 de febrero de forma íntegra y tomó notas, pero no se le permitió tomar fotografías ni realizar copias, precisó el medio. Según la declaración, la fuente finalmente le pidió que no publicara la información. Campos indicó que respetó esa solicitud e intentó sin éxito verificar el dato por otras vías esa misma tarde. Posteriormente, se alejó del asunto momentáneamente hasta que recibió una llamada de la propia Cadena SER alertándole sobre la publicación de El Mundo. Entonces, volvió a contactar con varias fuentes e insistió en que sólo después de que la información fuera difundida por otro medio, su fuente inicial le autorizó a hacerla pública.

Durante el interrogatorio, Gabriel Ramos, abogado de la acusación particular en representación de González Amador, preguntó a Campos si había contactado de alguna manera con García Ortiz, por teléfono o a través de la aplicación WhatsApp. Campos rechazó cualquier comunicación con el fiscal general en estos términos: "En ningún momento", aseguró. Según su relato, aunque realizó una llamada telefónica esa noche, no logró entablar conversación con García Ortiz ya que "saltó el buzón de voz". Añadió que nunca existió una relación personal o profesional significativa entre ellos. "Le llamé como a muchísima gente", enfatizó.

Campos también reconoció ante el tribunal que en la madrugada del 14 de marzo recibió en su correo electrónico una imagen similar al correo del 2 de febrero, que posteriormente publicaría el medio 'ElPlural'. El periodista invocó nuevamente el secreto profesional para evitar revelar la identidad de quien remitió esa imagen.

En el mismo proceso judicial, el exsubdirector de El País, José Manuel Romero, declaró como testigo que, desde el 12 de marzo, ya tenía información sobre el intento de la defensa de González Amador de negociar un acuerdo con la Fiscalía, y que su fuente no era García Ortiz. Romero explicó que una fuente interna de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid le detalló que la defensa de González Amador buscaba reconocer delitos fiscales a cambio de un acuerdo, aportando incluso el nombre del abogado implicado, Carlos Neira, según consignó El País.

El testimonio de Romero coincide con el de varios periodistas citados en la causa, quienes afirmaron disponer de información sobre la negociación antes de que García Ortiz accediera a los correos electrónicos el 13 de marzo a las 21:59. Romero relató que tras la publicación inicial de elDiario.es el 12 de marzo, la redacción de El País empezó a investigar el asunto. Sin obtener respuesta de Neira, intentaron el 13 de marzo comunicarse también con el jefe de gabinete de Díaz Ayuso pero sin resultados. Ante la falta de confirmación, contactaron posteriormente con la prensa de Fiscalía en Madrid y, tras ser derivados a la Fiscalía General, se les informó que seguían investigando y no podían detallar nada en ese momento.

Romero mencionó que esas conversaciones internas quedaron registradas en las comunicaciones de la redacción, que se convirtieron en acta notarial meses después, aportándose como prueba al proceso después de que se percataran de su relevancia. Solo tras la publicación de El Mundo y tras reunir todos los hechos, El País decidió publicar sobre el caso a las 22:38 del 13 de marzo. Otros periodistas de la misma redacción confirmaron en el juicio la versión ofrecida por Romero.

En la misma jornada, la periodista de ElPlural ratificó que había recibido la famosa imagen del correo del 2 de febrero la mañana del 14 de marzo y se negó, invocando el secreto profesional, a desvelar la procedencia.

Por otro lado, Agustín Hidalgo de Murillo, fiscal delegado de Protección de Datos, declaró ante el tribunal que García Ortiz tenía la potestad de borrar la información almacenada en sus dispositivos en caso de considerar amenazada su seguridad, dado que era responsable de esos datos, según reportó la Cadena SER. Hidalgo descartó que la utilización de la cuenta personal de Gmail por parte del fiscal general para recibir la cadena de correos entre Neira y Salto constituyera una brecha de seguridad, y tampoco consideró que la publicación por parte de la Fiscalía de una nota informativa sobre los correos el 14 de marzo constituyera una infracción en materia de seguridad.

En la misma línea de testimonios, Eugenio Ribón, en calidad de decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, transmitió lo que definió como una "honda preocupación" de la abogacía ante la nota publicada por la Fiscalía. Ribón sostuvo ante el tribunal que ese comunicado supuso, en su criterio, un ataque a la confidencialidad entre abogado y cliente y al ejercicio del derecho de defensa. Desde su perspectiva, la Fiscalía podría haber desmentido la información de El Mundo sin necesidad de revelar el contenido de los correos electrónicos cruzados entre el fiscal y el abogado defensor.