La fiscal general de Nueva York, Letitia James, comparece este viernes por vez primera ante el tribunal para responder por la acusación de fraude inmobiliario que se le imputa y que ha desatado la ira del Partido Demócrata al entender que se trata de una persecución política ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la mujer que logró la condena de su organización financiera por fraude fiscal.
James fue imputada finalmente a principios de este mes por cargos de fraude bancario y de realizar declaraciones falsas a una institución financiera en relación con la compra de una vivienda en Norfolk, en el estado de Virginia, en 2020.
Durante la venta y según el pliego de cargos, James firmó un documento estándar llamado "cláusula de segunda vivienda" en el que se comprometía a conservar la propiedad principalmente para su "uso y disfrute personal durante al menos un año", a menos que el prestamista acordara lo contrario. En lugar de usar la casa como segunda residencia, según la acusación, James la alquiló a una familia de tres, en una decisión le permitió obtener condiciones crediticias favorables que no están disponibles para propiedades de inversión.
James ha negado que haya incurrido en irregularidad alguna y ha asegurado que todo se trata de "una continuación del desesperado uso que el presidente hace de nuestro sistema de justicia como arma". "Las declaraciones públicas de Trump", añadió en un comunicado tras conocer su imputación "dejan claro que su único objetivo es la retribución política a cualquier precio".
James es la tercera oponente Trump que ha acabado procesada por cargos penales federales en las últimas tres semanas. John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, compareció ante el juez la semana pasada, mientras que el exdirector del FBI, James Comey, lo hizo la semana anterior. Ambos se declararon inocentes.
Cabe recordar que la investigación liderada por James desembocó en una condena por fraude contra Trump el año pasado. Un tribunal de apelaciones estatal confirmó la sentencia de fraude en agosto, pero desestimó la enorme sanción económica que se le impuso (unos 450 millones de euros) por considerarla "excesiva". Trump ha negado cualquier irregularidad en el caso y está apelando la sentencia de fraude.
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