La fiscal general de Israel, Gali Baharav Miara, ha acusado este lunes al Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de utilizar la guerra en la Franja de Gaza como una distracción para impulsar legislaciones que ponen en jaque la democracia, especialmente la independencia judicial.
"Hay un debilitamiento considerable de las instituciones democráticas. El daño continuo al poder judicial es particularmente peligroso", ha advertido durante un discurso con motivo de la conferencia anual del Colegio de Abogados de Israel.
La fiscal general ha criticado así que estas medidas impulsadas por el Ejecutivo de Netanyahu podrían "cambiar la imagen del país como una democracia con un sistema judicial independiente". "No es una advertencia hacia el futuro, sino una imagen de la realidad", ha sentenciado.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Isaac Amit, ha calificado de "delicado y frágil" el tejido democrático del país. "El Estado carece de herramientas que puedan equilibrar los poderes del gobierno", ha resaltado, según han recogido varios medios israelíes.
Amit ha asegurado que "los intentos de socavar el principio de independencia judicial no tendrán éxito" pese a que la Justicia esté "bajo ataque". "El poder judicial se mantendrá firme ante los intentos de erosionar su poder", ha reiterado durante el acto.
En respuesta a las críticas del presidente del Supremo, el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, ha asegurado que lo que está "bajo ataque es la soberanía de la gente", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.
Esto se produce después de que el Parlamento israelí aprobara a finales de marzo la polémica reforma judicial impulsada por Netanyahu con la que el Gobierno busca aumentar su poder en el nombramiento de jueces y limitar así las decisiones de los tribunales.
Las voces críticas aseguran que la normativa, que entrará en vigor durante la próxima legislatura, "politizará" los nombramientos judiciales y socavará la separación de poderes en Israel. La oposición, que boicoteó la votación, ha prometido retirar la nueva ley durante el próximo gobierno.
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