El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado una consulta previa pública, hasta el próximo 24 de febrero, para la elaboración de una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para el periodo 2025-2030, con el objetivo de recabar la opinión de los agentes interesados para contar con una normativa que permita reducir de forma permanente y progresiva la pobreza energética en un horizonte de medio y largo plazo.
El Gobierno puso en marcha en 2019 la primera Estrategia contra la Pobreza Energética, que ha convivido con una situación excepcional, motivada inicialmente por la pandemia del Covid-19 y, posteriormente, por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que detonó una crisis inflacionista de precios de la energía.
Durante estos años, el Ejecutivo ha venido adoptando el denominado escudo social, en forma de medidas urgentes y de carácter coyuntural para hacer frente a estas situaciones excepcionales, en las que la protección a los consumidores y la garantía del suministro han sido una prioridad.
En concreto, las medidas adoptadas en estos últimos años han permitido, entre otros, incrementar el número de hogares que se han beneficiado del bono social eléctrico, así como el descuento que supone este bono social.
Asimismo, se ha avanzado en la protección de los consumidores estableciendo un suministro mínimo vital que supone una protección ante cortes de suministro, así como medidas más estructurales como la mejora energética de viviendas y la comunicación e información a la ciudadanía, entre otras.
Así, en el documento de la consulta pública, el Ministerio señaló que, "tras la finalización de los impactos más drásticos de las crisis de precios vividas", y una vez concluido el periodo de vigencia de la primera estrategia, "se inicia el proceso de elaboración de esta segunda Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética".
El gabinete dirigido por Sara Aagesen destacó que la nueva estrategia "avanza en el objetivo de conseguir la equidad energética, mediante la consolidación de medidas de tipo estructural que permitan reducir la pobreza energética de forma permanente y progresiva en un horizonte de medio y largo plazo".
De esta manera, los interesados podrán responder a preguntas como ¿qué nuevos instrumentos considera más útiles para abordar la pobreza energética, y qué consideraciones de diseño son importantes?, ¿qué políticas públicas existentes mejoraría? o ¿cómo puede mejorarse la coordinación entre medidas de protección de consumidores, en distintos ámbitos sectoriales y a niveles de administración local, autonómico y estatal?
La pasada semana, en una reunión con la Plataforma del Tercer Sector y asociaciones de consumidores, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ya anunció el inicio de los trabajos para la elaboración de esta nueva estrategia.
"Superado el contexto de altos precios energéticos de 2022, 2023 y 2024 y los efectos provocados en los consumidores, es necesario pasar de las medidas coyunturales a medidas estructurales y estables, a sabiendas de que los contextos actuales son muy cambiantes", defendió la vicepresidenta.
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