Lima, 21 dic (EFE).- El líder del partido conservador Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, condenó las denuncias sobre una presunta mafia de prostitución al interior del Congreso de Perú, así como el uso "difamatorio" de su nombre, al estar involucrado en los hechos un allegado a su grupo político, en un comunicado difundido este sábado en Lima.
El también gobernador regional de La Libertad expresó que exigirá que las investigaciones fiscales y congresales lleguen "hasta las últimas consecuencias", inclusive "si ello llega a militantes" de APP porque las acusaciones manchan "gravemente" la imagen de su partido y del Congreso.
A través de un mensaje en la red social X, Acuña condenó "enérgicamente, los repudiables hechos denunciados sobre la existencia de una presunta red de explotación sexual" en el Parlamento, y rechazó "el uso malicioso, irresponsable y difamatorio" de su nombre para vincularlo a esos hechos.
"No voy a permitir que se desvíe la atención de las verdaderas responsabilidades, ni que se utilice mi figura como instrumento de calumnias", manifestó Acuña.
Remarcó que "las responsabilidades individuales no deben ni pueden comprometer las responsabilidades institucionales".
Este miércoles, el Ministerio Público informó que abrió una investigación al extrabajador y exjefe de la Oficina Legal del Congreso, Jorge Torres Saravia, por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres no identificadas.
Torres Saravia ingresó a trabajar en el Parlamento en 2020 como asesor del excongresista Luis Valdez, actual secretario general de APP, y con quien trabajó también en el gobierno regional de La Libertad.
El caso saltó a la portada de los medios, tras la muerte de una abogada y extrabajadora del Congreso, identificada como Andrea Vidal, quien fue acribillada hace una semana en Lima por desconocidos cuando viajaba en un taxi, cuyo chófer falleció en el acto.
Según una investigación del programa televisivo 'Beto a saber', del canal Willax, Vidal está relacionada con el caso.
Torres, abogado de profesión, dijo que asumió el cargo de jefe del área legal del Congreso en agosto de 2023, siendo Alejandro Soto presidente del Parlamento, pero renunció en febrero de 2024, meses antes de que varias mujeres fueran contratadas en el Parlamento con la presunta intención de ofrecer supuestamente servicios sexuales, según la denuncia periodística. EFE
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