Los rebeldes del Ejército de Arakán (AA) se han hecho este viernes con el control del cuartel general de la junta militar que gobierna el Birmania desde el golpe de Estado de 2021 en la ciudad de Ann, en el estado occidental de Rajine, a medida que avanzan los enfrentamientos entre las partes.
Los insurgentes han logrado hacerse ya con más de mandos militares del Ejército en Rajine desde la puesta en marcha en 2023 de una ofensiva rebelde a nivel nacional. La ofensiva, denominada Operación 1027, se ha desarrollado en las regiones de Shan, Mandalay, Sagaing, Magwe, Bago y Tanintharyi, según recoge el portal de noticias Irrawaddy, afín a la oposición.
Dicha operación corre a cargo de una alianza de guerrillas conocida como Alianza de la Hermandad, que aglutina al Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Birmania (MNDAA), el Ejército de Liberación Nacional Taang (TNLA) y el Ejército de Arakán. Todos ellos están tratando de acorralar al Ejército birmano.
Ahora, la toma de Ann --que ha supuesto la rendición de numerosos militares y familiares-- pone en peligro a la región de Magwe, que podría convertirse en objetivo de los próximos ataques.
Los ataques del Ejército de Arakán en Rajine comenzaron en noviembre del año pasado y, desde entonces, los rebeldes se han hecho con el control de doce de los 17 municipios de la zona, así como el Paletwa, en el estado adyacente de Chin.
El golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Aung San Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.
La asonada fue el inicio de una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP) estima que más de 27.000 personas han sido detenidas desde el golpe de Estado, de las cuales 20.715 siguen encarceladas. Además, la AAPP cifra en 5.480 los fallecidos como consecuencia de la acción violenta de las fuerzas militares desde la asonada.
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