El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este jueves la propuesta de la Comisión Europea de retrasar un año el veto a las ventas de productos como el cacao, el café o el aceite de palma que contribuyan a la deforestación de los bosques, aunque también ha introducido cambios en el texto en un polémico voto que ha dividido al hemiciclo.
Tras la votación, en la que varios eurodiputados han alegado problemas técnicos para registrar su voto, algunos miembros de las bancadas progresistas han acusado al Partido Popular Europeo (PPE) de romper el cordón sanitario y de aliarse con la extrema derecha para sacar adelante sus enmiendas al texto.
"¡Absoluta vergüenza! Una vez más, el PPE rompe el cordón y forma una mayoría de extrema derecha para erosionar y bloquear la legislación europea sobre deforestación", ha criticado la eurodiputada socialdemócrata Kathleen Van Brempt, en redes sociales. En la misma línea, la líder de la izquierda en la Eurocámara, Manon Aubry, ha tachado de "escándalo para el planeta" el aplazamiento de un año y el debilitamiento de una legislación que, a su juicio, era "ya insuficiente".
En respuesta a las preocupaciones planteadas por los Estados miembros de la UE, los países no pertenecientes a la UE, los comerciantes y los operadores de que no podrían cumplir plenamente con las normas si se aplicaran a finales de 2024, la Comisión propuso posponer un año las obligaciones del reglamento de deforestación, una demora que el pleno del Parlamento ha respaldado ahora con 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones.
También se han aprobado otras enmiendas como la propuesta por el PPE, que propone la creación de una nueva categoría de países que no presenten ningún riesgo de deforestación, además de las tres categorías existentes de riesgo "bajo", "normal" y "alto".
De este modo, los países clasificados como "sin riesgo", definidos como países con un desarrollo estable o creciente de la superficie forestal, se enfrentarán a obligaciones más laxas, al darse por hecho que el riesgo de deforestación será "insignificante" o "inexistente".
A este respecto, corresponde a la Comisión Europea finalizar un sistema de evaluación comparativa por países antes del 30 de junio de 2025.
Los grandes operadores y comerciantes deberán cumplir las obligaciones derivadas de esta normativa a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que las pequeñas y medianas empresas tendrán hasta el 30 de junio de 2026.
Según defendió el propio Ejecutivo comunitario, este plazo adicional permitirá a los operadores de todo el mundo aplicar las normas sin problemas desde el principio, sin socavar los objetivos de la ley.
El pleno ha decidido devolver este expediente a la comisión parlamentaria pertinente de cara a relanzar las negociaciones interinstitucionales, ya que el nuevo texto debe ser aprobado por el Consejo y el Parlamento para que estos cambios entren en vigor.
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