Lima, 16 oct (EFE).- El Congreso de Perú modificó este miércoles la ley de lucha contra el crimen organizado, muy cuestionada por juristas, expertos y gremios, cuya modificación reclamaron en un paro los transportistas al considerar que presuntamente favorecía a las organizaciones delictivas.
El dictamen que propuso modificar la Ley 30077 fue aprobado por mayoría del pleno legislativo, para considerar como organización criminal a todo grupo que se reparte roles "para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor a cinco años en extremo mínimo".
La iniciativa legislativa, que reunió hasta cinco proyectos de ley presentados en ese sentido, obtuvo 81 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, tras lo cual fue exonerada de la segunda votación que ordena la ley nacional.
La norma modifica el Código Penal en lo referido a organización criminal al definir sus características, los criterios para determinar su existencia, fortalecer la investigación del delito por la Policía Nacional del Perú (PNP) y agilizar los procesos penales.
En ese sentido, indica que "el registro e incautación, se llevará a cabo con o sin la presencia del investigado y con la presencia obligatoria de un abogado de la defensa pública".
La ley que fue aprobada inicialmente fue muy criticada porque establecía que los allanamientos no podrían realizarse sin previo aviso a los investigados y solo cuando estuvieran presentes sus abogados privados.
Se añadió que, si durante el registro e incautación, el investigado está presente y manifiesta su deseo de contar con un abogado de su elección, ello no suspenderá la ejecución de la orden judicial,
Durante el debate, el congresista fujimorista Arturo Alegría propuso que se voten por separado dos artículos para mencionar que las penas de los delitos deben ser mayores a cuatro años para que se considere a una organización criminal, pero su pedido fue rechazado por el pleno.
En la sesión plenaria de este miércoles, el Congreso también aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio de un dictamen que propone modificar el Código Penal para incorporar el delito de "criminalidad sistemática", que recibirá una condena de cadena perpetua.
Esto se dio a pesar de que el Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley en el que se plantea que se cree el delito de "terrorismo urbano" para delitos como extorsión y sicariato.
La norma, que deberá ser votada por segunda vez dentro de una semana, establece que la "criminalidad sistemática" se aplicará al que use municiones, armamento militar o civil, artefactos explosivos u otros para realizar "conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella".
Durante una rueda de prensa posterior convocada por el Consejo de Ministros, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, reiteró que al Gobierno le interesa "que el Congreso revise las figuras de sicariato y extorsión, y se incluya el delito de terrorismo urbano".
"Hasta ahora no se toma en cuenta este pedido del Ejecutivo", se quejó. EFE
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