Lima, 8 oct (EFE).- El Gobierno de Perú desplegó más de 7.600 agentes policiales en 14 distritos de Lima y uno de la provincia portuaria del Callao como parte de las medidas adoptadas en el estado de emergencia declarado a finales de septiembre por una ola de extorsión.
A través de un comunicado difundido por varios ministerios este martes, se detalló que desde que se declaró este estado el 26 de septiembre, ha habido 758 detenidos, 475 operativos, 105 capturados por requisitoria y 37 bandas desarticuladas.
"Con la declaratoria del estado de emergencia fortalecemos la lucha contra la inseguridad ciudadana y garantizamos la tranquilidad de miles de ciudadanos. Avanzamos hacia un Perú más seguro", indicó el Ministerio del Interior.
Además, la misma institución añadió en su página web que la nueva Central 111 contra la extorsión de la Policía Nacional de Perú (PNP) ya ha empezado a atender posibles casos de este delito a nivel nacional.
"Lo cual se tradujo en oportunas capturas y desarticulaciones de bandas criminales vinculadas a la extorsión", señaló.
Estas alertas fueron trasladadas al Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex) de la PNP, cuyos especialistas iniciaron las investigaciones en torno a estos casos.
Y efectivos del mencionado equipo policial, conjuntamente con personal de las comisarías y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), se dirigieron hasta los puntos donde se estarían cometiendo las extorsiones para recabar información y dialogar con las víctimas.
Posteriormente a estas acciones, el equipo especial Gorex continua con las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de identificar, ubicar y desarticular a las bandas criminales que están detrás de estas extorsiones.
El ministerio destacó que esta semana se gestaron diversas capturas a mafias de extorsionadores, gracias a esta central telefónica exclusiva para recibir reportes de este delito.
La nueva Central 111 contra las extorsiones está a disposición de la ciudadanía las 24 horas y los siete días de la semana, y brinda atención gratuita y confidencial para garantizar la protección de las víctimas de este delito a nivel nacional.
El gremio de transportistas cumplió el 26 de septiembre una paralización en Lima para exigir seguridad contra la ola de extorsión que sufren, consecuencia de la cual al menos tres personas han sido asesinadas en las últimas semanas.
Tras esa protesta, que contó con gran apoyo ciudadano y de otros gremios empresariales, el Gobierno de Perú declaró en estado de emergencia, por 60 días, a 14 de los 43 distritos de Lima y uno en la provincia vecina de Callao. EFE
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