
La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado en su último informe sobre su misión en República Democrática del Congo que durante el año 2023 fueron atendidas 25.166 víctimas de violencia sexual en todo el país, una cifra inédita hasta ahora, un 250 por ciento más que la media anual de los tres años anteriores. Además, ha alertado de que "la tendencia al alza" se mantiene e incluso se ha acelerado en los primeros meses de 2024. MSF tiene 17 proyectos de atención en cinco provincias del país: Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri, Maniema y Kasai Central que en los tres años anteriores atendieron a 10.000 víctimas al año de media, por lo que el año 2023 supone un incremento sin precedentes del 250 por ciento, hasta asistir a más de dos víctimas cada hora. Solo en la provincia de Kivu del Norte se han contabilizado 17.363 víctimas y supervivientes de violencia sexual entre enero y mayo de este año, equivalente al 63 por ciento del total registrado el año anterior en las cinco provincias. Esa misma provincia concentró el 91 por ciento de los casos en 2023, un dato vinculado a los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas congoleñas y la milicia del M-23 que escalaron a finales de 2021 y obligaron a cientos de miles de civiles a huir. "Las mujeres desplazadas son las primeras víctimas", ha advertido MSC. "Según relatan las pacientes, dos tercios fueron atacadas a punta de pistola", ha explicado el director de los programas de MSF en el país, Christopher Mambula. "Estos ataques ocurrieron en los mismos lugares (donde residían las víctimas) y en las zonas cercanas cuando las mujeres y niñas, el 98 por ciento de los casos de agresión, salían a por leña, a por agua o a trabajar en el campo", ha añadido. "EXPLOSIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL" La ONG achaca la "explosión de violencia sexual" a la presencia de combatientes armados en los campamentos para refugiados, a la "inadecuada respuesta humanitaria" y a las "condiciones de vida inhumanas", factores que "atizan este fenómeno". La falta de alimentos, agua y actividades económicas que generen ingresos agravan esta situación y ponen en peligro a mujeres y niñas, según MSF, que destaca que una de cada diez víctimas atendidas eran menores de edad. "La falta de un sistema de alcantarillado y un refugio seguro deja a las mujeres y niñas en riesgo de ataques. Otras son víctimas de explotación sexual para apoyar a sus familias", ha indicado. Ante esta situación, MSF pide a todos los actores nacionales e internacionales que adopten medidas "urgentes" para prevenir esta situación y mejorar la atención a los supervivientes y se lamenta de que "parece que hay muchos programas para prevenir y responder a las necesidades de las víctimas de violencia sexual, pero a la hora de la verdad nuestros equipos tienen problemas a diario para derivar a las víctimas de los campamentos de desplazados que necesitan ayuda", según Mambula. Para MSF, los programas existentes "son siempre demasiado cortos y faltos de recursos". "Hay que hacer mucho más para proteger a las mujeres y satisfacer las necesidades más urgentes de las víctimas", ha remachado Mambula. Entre las medidas propuestas, instan a las partes a garantizar que se respete el Derecho Internacional Humanitario y en particular "que se prohíban de forma drástica los actos de violencia sexual". También piden respeto a los campamentos de desplazados y la protección de la población civil. Otra medida clave sería la mejora de las condiciones de vida en los lugares designados como de acogida para población desplazada: alimentos, agua y actividades que generen ingresos. Todo mediante programas de ayuda con rendición de cuentas. MSF pide inversiones en una mejor atención médica, social, legal y psicológica para las víctimas de violencia sexual, lo cual requiere una financiación a largo plazo en formación sanitaria, suministro de kits para víctimas de violación, apoyo legal y refugio seguro para las supervivientes. Igualmente defiende la necesidad de campañas de concienciación para evitar la estigmatización de las víctimas, que en ocasiones provoca que no busquen ayuda, así como una reforma legal que garantice el acceso al aborto dado "el elevado número de solicitudes de aborto de víctimas" de violencia sexual.
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