Asunción, 15 sep (EFE).- El anuncio del presidente de Paraguay, Santiago Peña, sobre una revisión del marco laboral, que incluiría ajustes relacionados con la estabilidad de los trabajadores, ha generado polémica entre ciertos expertos en la materia y críticas por parte de centrales sindicales del país suramericano.
"Era de esperarse cualquier tipo de reacción. Cuando se anuncian reformas esto genera un poco de temor, un poco de miedo", dijo este domingo a radio Ñandutí la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, al referirse al anuncio que hizo Peña sobre cambios a leyes que le permitan cumplir su promesa de campaña de generar 500.000 nuevos empleos.
El mandatario paraguayo adelantó el viernes que busca "ajustes" en vista de que el Código Laboral contempla que cuando un trabajador cumple 10 años ininterrumpidos de servicios con el mismo empleador "adquiere estabilidad en el empleo", lo cual activa ciertas exigencias de ley ante un posible despido.
En ese sentido, Peña manifestó que los trabajadores "están siendo despedidos por el miedo de llegar a ese supuesto umbral de los 10 años".
Recalde confirmó que la propuesta del Gobierno prevé abordar el "tema del despido" para que sea más costoso.
Aseguró que "algunas normas que si bien tenían la idea, el espíritu, de ser bastante favorables (para los trabajadores), finalmente se constituyeron en "barreras" para el empleo.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 15,6 % de la población asalariada (1.388.439 trabajadores), cuenta con 10 o más años de antigüedad.
El coordinador de la Corriente Sindical Clasista, Eduardo Ojeda, señaló en radio Ñandutí que la propuesta oficialista, que todavía no ha sido presentada, "apunta a eliminar la estabilidad laboral".
"Le conviene tenerlo al trabajor en condiciones que no pueda reclamar sus derechos y la estabilidad laboral lo que te garantiza es que la patronal legalmente no puede cometer arbitrariedades", denunció el dirigente que anunció posibles movilizaciones.
Por su parte, el abogado laborista Eduardo Pérez aseguró que el cambio que intenta el Gobierno podría ser "inconstitucional" al ir supuestamente en contra del principio de progresividad de derechos.
El experto destacó que "los cortes de antigüedad" a los empleados con despidos efectuados a los 8,5 o 9 años "constituyen fraudes laborales".
"Si el Estado baja la guardia en (el) control, lo que tenemos es una alta informalidad laboral, incumplimiento de las leyes laborales", analizó.
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