Las Palmas de Gran Canaria (España), 13 sep (EFE).- La Fiscalía española advirtió este viernes que identificará a aquellos funcionarios del gobierno de las islas atlánticas de Canarias que se amparen para no acoger en sus centros a menores migrantes llegados en cayuco en el nuevo protocolo aprobado por la región, e investigará si cometen un delito de abandono.
En un decreto, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, da instrucciones a los fiscales de las islas sobre cómo actuar si cualquier fuerza o cuerpo de seguridad del Estado pone en su conocimiento "la negativa" a la acogida de un menor inmigrante en un centro de la región cuando este haya sido "debidamente reseñado", conforme al protocolo nacional de 2014.
El Gobierno regional elevó el pulso sobre los menores no acompañados que llegan a sus costas con la publicación este jueves de un protocolo que detalla cómo pretende actuar a partir de ahora ante el "desorden" que cree que genera el hecho de que la Policía entregue a los niños llegados en patera directamente a los centros sin una identificación detallada y sin cumplir los trámite pautados, poniendo en riesgo sus derechos, a su juicio.
Ese protocolo exige que el menor llegue perfectamente filiado e identificado, que se le haya escuchado y entrevistado para saber si es candidato a refugio o asilo, que el Estado tramite cada expediente de forma individualizada y que la Fiscalía intervenga si hay dudas sobre su edad; y todo ello, antes de trasladarlo a un centro de la comunidad autónoma, siempre y cuando esta confirme que tiene plazas.
Según la circular de la Fiscalía, si el fiscal de guardia en cada isla del archipiélago canario recibe el aviso de la policía de que un centro del Gobierno regional no acepta a un menor llegado a la costa sin compañía de ningún familiar, librará un oficio para "interesar que se adopten las medidas necesarias" para que sea acogido "de forma inmediata" en el centro de protección que considere.
Además, "identificaráa de forma detallada a las personas (...) que o bien no responden a las llamadas, o bien les contesten que no tienen capacidad de acogida para dichos menores, o bien que no se van a hacer cargo de los mismos con base en el protocolo publicado el día 12 de septiembre del 2024 en el Boletín Oficial de Canarias".
La finalidad de todo ello, añade la instrucción, es que después los fiscales especializados en Extranjería o Trata de Personas "deberán incoar las correspondientes diligencias preprocesales de investigación ante la posible comisión de un delito de abandono de menores sin perjuicio de cualquier otro delito que pudiera aparecer en el curso de la investigación". EFE
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