Buenos Aires, 19 ago (EFE).- Sindicatos de trabajadores aeronáuticos argentinos inician este lunes una serie de medidas gremiales para exigir un aumento salarial, lo que produce importantes demoras en el Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, que afecta principalmente a vuelos locales.
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) realizan una asamblea de 9:00 a 12:00 hora local (12:00 a 15:00 GMT) en el aeropuerto metropolitano, como medida de fuerza en el marco de un conflicto paritario, y que será la primera de una serie de medidas que programaron en forma escalonada y en distintos aeropuertos del país.
Los sindicatos denuncian que se venció el plazo de la conciliación obligatoria, a la que llama la secretaría de Trabajo, sin llegar a un acuerdo salarial con las empresas y, afirman, se encuentran con un retraso de más del 70 % en sus salarios respecto de la inflación, lo que hace que “un alto porcentaje” de los trabajadores -aseguran- perciban ingresos “por debajo de la línea de la pobreza”.
El secretario General de APA, Edgardo Llano, contó este lunes a la radio Re que en los 20 días de conciliación obligatoria no hubo “ningún tipo de comunicación”, por lo que se sinceró que “se hace muy difícil” porque “uno puede estar a favor o en contra del Gobierno, pero siempre tiene que haber una mesa de diálogo”.
Llano denunció que “no hay diálogo con ninguna autoridad del Gobierno” y que “no hay mesa de diálogo donde encontrar una solución”.
El secretario de Prensa de UPSA, Marcelo Uhrich, agregó que “se están yendo pilotos a trabajar a países limítrofes” por estas diferencias salariales.
Esta medida de fuerza afecta principalmente el servicio de la empresa de bandera Aerolíneas Argentinas, que, según informó, ha modificado los horarios de sus vuelos a sus pasajeros así como los aeropuertos de partida.
Aerolíneas Argentinas es la compañía líder del mercado argentino, pero se encuentra en el ojo de la tormenta por la política de cielos abiertos que aplica el Gobierno de Javier Milei y su voluntad de privatizarla ante las pérdidas que arroja la empresa desde que fue reestatizada en 2008.
“Perjudicar a la gente no es un tema gratis. Los que se manifiesten van a recibir sanciones", advirtió el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo, y recordó que el gremio ya recibió en febrero último "una multa de 160 millones de pesos" (unos 169,5 mil dólares) y que la semana pasada sufrieron "sanciones administrativas”.
“Parte de la libertad que pregonamos es que, efectivamente, la gente tenga la libertad de que cuando se saca un ticket de vuelo, poder volar sin tener que volverse loco, sin llegar al aeropuerto sin saber si va a poder volar o no”, añadió Adorni.
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