
El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el jueves 25 de julio a las agencias que eliminen los campamentos de personas sin hogar en tierras estatales e instó a los funcionarios locales a seguir su ejemplo, citando un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del mes pasado que permite a las ciudades hacer cumplir las prohibiciones de dormir en espacios públicos.
“En el pasado, los tribunales han negado a los gobiernos locales, incluido el estado, la capacidad de limpiar muchos de estos campamentos”, dijo Newsom en un video de Facebook en el que habla de su orden ejecutiva. “… Ahora no tenemos excusa con la decisión de la Corte Suprema”.
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California alberga a más de 180.000 personas sin hogar (casi un tercio del total del país) y casi el 70% de ellas vive sin refugio en el exterior, una proporción mayor que en cualquier otro estado, según estadísticas federales.
Según la orden de Newsom, las agencias estatales, incluidos los trabajadores de parques y transporte, deben priorizar la limpieza de los campamentos que presenten riesgos de seguridad, como los que se encuentran a lo largo de vías fluviales. Newsom instó a las ciudades y condados a adoptar políticas similares. “Es hora de actuar con urgencia a nivel local para limpiar estos sitios”, dijo Newsom el jueves.
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Newsom, un demócrata con aspiraciones nacionales, al igual que otros políticos del estado, se ha visto acosado por quejas sobre la falta de vivienda. A su vez, se ha enfrentado a los líderes de las ciudades más grandes del estado por los esfuerzos para desalojar los campamentos. “No más excusas”, publicó Newsom en X. “… Es hora de que los lugareños hagan su trabajo”.
La orden ejecutiva de Newsom no puede obligar a las localidades a actuar, aunque podría retener el dinero estatal hasta que cumplan. Podría provocar un enfrentamiento entre su administración y algunas de las ciudades y condados más grandes del estado, también gobernados por demócratas, donde se concentran en gran medida los campamentos de personas sin hogar.
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El jueves, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se mostró en contra de la orden de Newsom y señaló que un recuento anual de personas sin hogar en la ciudad mostraba que sus filas habían disminuido un 10%. “Por primera vez en años, el número de personas sin hogar ha disminuido en Los Ángeles debido a un enfoque integral que prioriza la vivienda y los servicios, no la criminalización”, dijo Bass en una declaración condenando el desalojo de los campamentos.
Newsom ha gastado capital político y miles de millones de dólares en fondos estatales tratando de resolver una crisis que solo parece profundizarse, y fue parte de una coalición inusual de líderes estatales liberales y conservadores que instaron a la Corte Suprema a facilitar a las localidades el desmantelamiento de los campamentos de personas sin hogar.
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En respuesta a esas súplicas, la Corte Suprema dictaminó el mes pasado que las ciudades pueden prohibir a los residentes sin hogar dormir a la intemperie, una decisión radical que rompió con líneas ideológicas y rechazó el argumento de que las regulaciones contra los campamentos violan la cláusula de “castigo cruel e inusual” de la Octava Enmienda.
En el caso, City of Grants Pass v. Johnson, la mayoría conservadora de la corte abrió el camino para regulaciones que penalizan a las personas por dormir en espacios públicos como parques y calles, incluso cuando una comunidad carece de refugio interior y sus residentes sin hogar no tienen otro lugar donde ir.
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Los defensores de las personas sin hogar y algunos funcionarios locales advirtieron que la sentencia tendría un impacto devastador en algunos de los residentes más vulnerables del país. En lugar de resolver el problema, argumentaron, la decisión criminalizaba la falta de vivienda y solo exacerbaría la crisis. Pero algunos alcaldes de California, como London Breed de San Francisco, han adoptado una postura más agresiva y han prometido empezar a desmantelar los campamentos en las próximas semanas.
“San Francisco ya está haciendo lo que pide el gobernador, y los esfuerzos están en marcha desde mucho antes de la decisión de Grants Pass”, publicó Breed en X el jueves. “Hemos realizado inversiones significativas en refugios y viviendas, y seguimos ofreciendo servicios y apoyo a diario. Este enfoque proactivo ha llevado a que el número de tiendas de campaña en las calles sea el más bajo en cinco años”.
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Breed escribió que espera que el tribunal del Noveno Circuito levante la próxima semana una orden judicial que ha limitado la respuesta de la ciudad.
“Es necesario hacer más para garantizar que nuestras calles sean seguras y limpias”, escribió Breed. “Mientras esperamos este paso final de los tribunales, nuestro trabajo de divulgación no ha disminuido. Nuestros equipos salen todos los días para llevar a la gente a los espacios interiores y limpiar los campamentos”.
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En Los Ángeles, el epicentro de la epidemia, Bass advirtió a las ciudades que no utilicen el fallo de la Corte Suprema como pretexto para “salir de este problema mediante arrestos u ocultar la crisis de personas sin hogar en ciudades vecinas o en la cárcel”. “Las estrategias que simplemente trasladan a la gente de un barrio a otro o dan multas en lugar de viviendas no funcionan”, dijo Bass.
Jim Sullivan, profesor de economía en Notre Dame que estudia la pobreza y la falta de vivienda, estuvo de acuerdo. “Despejar los campamentos no va a reducir la falta de vivienda, sino que la va a revertir”, afirmó Sullivan. “La presencia de campamentos habla de la necesidad de realizar más esfuerzos para prevenir y reducir la falta de vivienda”.
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Las investigaciones muestran que las dos formas más eficaces de prevenir y reducir la falta de vivienda son la asistencia financiera de emergencia y la vivienda permanente de apoyo, que incluye servicios de ayuda para el abuso de sustancias u otros problemas, dijo Sullivan. Si bien estos enfoques son costosos, dijo, son más eficaces que desalojar los campamentos porque “si no se ofrece un camino hacia la estabilidad de la vivienda para quienes no tienen hogar, solo se está desplazando el problema”.
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