El expresidente Edgar Lungu denuncia estar "prácticamente bajo arresto domiciliario" en Zambia

El expresidente de Zambia Edgar Lungu ha denunciado que se encuentra "prácticamente bajo arresto domiciliario" y ha acusado a la Policía de planear su detención "sin motivo alguno" en su residencia en la capital, Lusaka, tras afirmar durante los últimos días que podría haber un cambio de Gobierno antes de las elecciones previstas para 2026. El jefe de la Policía de Zambia, Graphael Musamba, ha afirmado que el exmandatario será convocado a comparecer ante las autoridades para explicar sus afirmaciones, tras lo que el propio Lungu ha asegurado haber recibido "información preocupante" sobre la apertura de 25 casos contra él y un supuesto plan "para arrestarle durante la noche" y "por sorpresa". "Mi pregunta es: ¿por qué el presidente, Hakainde Hichilema, y el inspector general de la Policía planean y se movilizan para tenderme una emboscada nocturna, secuestrarme, avergonzarme y detenerme por la fuerza como si fuera un peligroso criminal?", ha dicho Lungu en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook. Así, ha asegurado que tras su salida del poder ha sido sometido a numerosas acciones inconstitucionales", incluida una prohibición para salir a correr. "Ahora se me impide moverme y hacer llamadas de cortesía. Estoy prácticamente bajo arresto domiciliario sin motivo alguno", ha reiterado el exmandatario. "Hasta donde sé, no he cometido crimen alguno que haga que el Gobierno, a través de la Policía, inicie planes contra mí de esta forma", ha sostenido, antes de manifestado que bastaría una citación para que comparezca ante las autoridades "durante las horas del día". Lungu, que se retiró de la política tras perder ante Hichilema en las elecciones celebradas en 2021, anunció en octubre de 2023 que volvía a la vida política, lo que llevó al Gobierno a retirarle los beneficios asociados a su puesto como expresidente. Además, su esposa ha sido acusada de corrupción, cargos rechazados por ambos. Por otra parte, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha criticado la reciente condena a 18 meses de cárcel con trabajos forzosos dictada contra Raphael Nakacinda, secretario general del principal partido opositor, el Frente Patriótico, por unas declaraciones de 2021 consideradas "difamatorias" contra el actual presidente, quien abolió este delito en 2022. "Enviar a prisión a un alto cargo opositor bajo una ley que administraciones previas usaron para silenciar a los críticos es una macha en el historial de Hichilema", ha dicho Idriss Ali Nassah, investigador de HRW para África. "La Administración debe anular la condena contra Nakacinda, liberarle y dejar de juzgar a opositores políticos y otros bajo una ley revocada", ha zanjado.