San José, 21 may (EFE).- La excomandante guerrillera Mónica Baltodano y el exsecretario de relaciones internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Julio López Campos, ambos desnacionalizados por el Gobierno que preside Daniel Ortega, denunciaron este martes la ocupación por la fuerza de su casa de campo en Nicaragua, donde funcionaba un hostal.
"El día de hoy 21 de mayo del 2024, después del mediodía fue tomada y ocupada por agentes de la seguridad vestidos de civil, nuestra casa en Laguna de Apoyo, propiedad donde nos habíamos jubilado e invertido todos los ahorros de nuestra vida", denunció la pareja en una declaración divulgada desde el exilio.
Los agentes de la seguridad llegaron en tres vehículos y desalojaron a los cuidadores del lugar donde funcionaba el hostal Pájaro Azul, a orillas de la Laguna de Apoyo, en la ciudad de Masaya (suroeste), indicaron.
Baltodano y López Campos afirmaron que no es la primera vivienda de su propiedad que les expropia el Gobierno sandinista.
"Nosotros tenemos documentada no sólo la toma de nuestra propiedad en Managua donde tuvieron el descaro de ubicar las oficinas de la Procuraduría por los Derechos Humanos, sino también los cambios que el régimen ha realizado en los registros de nuestras propiedades, todo lo cual ha sido al margen de la Ley y de todo procedimiento jurídico", señalaron.
Según la pareja de disidentes, "esta nueva acción es en respuesta a nuestras firmes posiciones y declaraciones sobre las brutales acciones de la dictadura contra quienes expresan opiniones diferentes, tal y como aconteció ahora con las medidas contra Humberto Ortega", el general en retiro y hermano menor del presidente Ortega, a quien le retuvieron sus teléfonos móviles y computadoras por cuestionar la sucesión del poder en el país centroamericano.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República, que es la representante legal del Estado, justificó las expropiaciones de propiedades a ONG, medios de comunicación, empresarios y a nicaragüenses desnacionalizados, bajo el argumento de que han sido decomisadas por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, narcotráfico, lavado de dinero o incumplimiento de las leyes.
Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y el organismo Hagamos Democracia, calculó en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones efectuadas por el Estado de Nicaragua.
Esa investigación señala que las "ilegales confiscaciones de bienes" constituyen una deuda pública que tendrán que pagar los nicaragüenses, como ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), conocida como 'piñata'.
La denominada 'piñata' es una repartición de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza y a sus allegados, así como a opositores, durante la década de los ochenta del siglo pasado, y también entre febrero y abril de 1990, en el período de transición presidencial cuando Ortega entregó el poder a la entonces mandataria Violeta Barrios de Chamorro.
Según la investigación de OPTA, en este nuevo período de Gobierno sandinista, que va de 2007 a la fecha, y que denominaron "La nueva piñata Ortega Murillo", se han confiscado bienes y propiedades a oenegés, empresarios y cámaras empresariales, universidades, iglesia católica o medios de comunicación, entre otros.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.EFE
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