Quito, 16 may (EFE).- La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, anunció este jueves que se encuentra embarazada y que solicitó a la Asamblea Nacional (Parlamento) detener los juicios políticos de censura en su contra que impulsa Revolución Ciudadana, la formación política que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
En un video publicado en redes sociales, Salazar comunicó que pidió a la Asamblea que se garantice y respete su derecho a tener "un embarazo en paz", y que este llegue a término sin más estrés que el de sus responsabilidad diarias como fiscal general.
En ese sentido, reiteró que su intención es cumplir el periodo para el que fue designada "hasta el último día, de manera técnica y sin ninguna distracción política".
"Si bien (el juicio político) es una atribución de la Asamblea Nacional, a cual nunca he rehuido, mi condición cambia las reglas del juego, reglas que no están escritas, pues no se había contemplado en ninguna norma establecida que ninguna mujer en estado de gestación enfrente un juicio político, con el estrés que este implica", comentó Salazar.
"Es importante recordar que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre temas relacionados, como la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, y que actualmente en la Asamblea Nacional se están tratando leyes que consideran los derechos de la mujer y que protegen la vida de quiénes están por nacer", añadió.
En ese sentido, Salazar abogó por "sentar un precedente, porque cada vez son más mujeres que rompemos techos de cristal y así las siguientes generaciones de mujeres en cargos de decisión ya tendrán legislación para estos casos".
Esta semana, Revolución Ciudadana presentó en la Asamblea Nacional una nueva solicitud de juicio político contra Salazar por presunto incumplimiento de funciones, que se suma a una primera ya presentada a finales de 2023.
El anuncio del nuevo pedido de juicio político se dio pocas horas después de que la fiscal Salazar abandonase una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde su presidenta, la correísta Pamela Aguirre, quiso que interviniera en esa misma sesión por videoconferencia el exparlamentario correísta Ronny Aleaga.
Sobre Aleaga, que actualmente se encuentra en paradero desconocido, pesa una orden de prisión preventiva al estar vinculado por la Fiscalía en un entramado de corrupción y supuestos nexos de políticos con bandas criminales, mientras que él asegura tener chats que incriminan presuntamente a la fiscal.
Con Salazar al frente desde 2019, la Fiscalía de Ecuador ha sacado adelante varios procesos por corrupción contra la administración de Correa, entre ellos el denominado caso 'Sobornos', donde el expresidente fue inhabilitado y condenado en 2020 junto a otros colaboradores a ocho años de cárcel por cohecho.
El exmandatario, que critica recurrentemente a la fiscal general, rechazó desde un inicio los cargos y acusaciones en su contra, y se declaró un perseguido político y víctima de 'lawfare' (instrumentalización de la Justicia contra enemigos políticos), por lo que desde 2017 reside en Bélgica, donde tiene el estatus de refugiado. EFE
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