Lima, 10 may (EFE).- La decisión del Gobierno de Perú de desactivar a la unidad de la Policía Nacional que se encarga de apoyar el trabajo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) ha generado polémica en el país y el pedido de explicaciones de distintos sectores políticos y sociales.
El Ministerio del Interior anunció este jueves la desarticulación de la unidad que investiga de forma exclusiva los presuntos casos de corrupción cometidos por altos funcionarios.
Una resolución ministerial dejó sin efecto la norma que creó a este grupo especializado, con el argumento de que existía "duplicidad de funciones" con otras divisiones de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Añadió que la Comandancia General de la PNP dispondrá "las acciones que resulten necesarias para dar continuidad al apoyo que se viene brindando al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder".
El equipo policial de apoyo a la unidad fiscal anticorrupción fue creado en junio de 2022, cuando Pedro Castillo era presidente y Mariano González era el ministro de Interior.
El pasado 16 de abril, un grupo de agentes policiales intentó intervenir el despacho de este grupo especial de la PNP, con el argumento de que iban a hacer un control administrativo, pero la coordinadora del grupo especial, la fiscal Marita Barreto, se negó a esta medida.
Tres días antes se había sido suspendido temporalmente del cargo de jefe del equipo policial anticorrupción e integrante del grupo de apoyo a la Eficcop al coronel Harvey Colchado, al que se abrió un procedimiento administrativo disciplinario por una presunta infracción "grave" y otra "muy grave".
El pasado 30 de marzo, la División de investigación de delitos de alta complejidad (Diviac) y el Eficcop allanaron de manera sorpresiva la casa de la presidenta Dina Boluarte, como parte de una investigación preliminar abierta por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, en un operativo liderado por Colchado.
Tras conocerse la decisión tomada este jueves por el Gobierno, el exministro González declaró en la emisora RPP que esto "configura una clarísima obstrucción a la justicia" por parte del Ejecutivo.
Legisladores de diferentes bancadas también reaccionaron en contra del anuncio, entre ellos el derechista Carlos Anderson, que lo consideró un "error garrafal" del Ejecutivo.
La izquierdista Ruth Luque sostuvo que se "busca afectar el trabajo que la Fiscalía desarrolla" contra la corrupción y consideró que la ciudadanía "merece una explicación".
El ultraconservador Alejandro Muñante señaló, por su parte, que la respuesta por este caso debe ser dada por la jefatura de la PNP y dijo que la Comisión de Defensa del Congreso puede intervenir para pedir "las explicaciones correspondientes". EFE
dub/ah
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