Natalia Román Morte
Túnez, 3 may (EFE).- "Soy periodista, no terrorista", fue la consigna que escribió en el acta policial el periodista Zied El Heni, crítico con el presidente tunecino Kais Said, y que se enfrenta ahora a dos causas judiciales, al igual que una cuarentena de compañeros de profesión, en su mayoría acusados en base al polémico decreto 54 contra la cibercriminalidad.
"Ya no hay ley, es la voluntad del Señor (presidente). La justicia es utilizada como un instrumento vital para instaurar la dictadura, para extender un clima de miedo. Nadie conoce el número de procesos abiertos contra ciudadanos, periodistas y blogueros que osaron criticar a las autoridades o la situación económica del país", denuncia a EFE El Heni, convocado ante la Justicia en cuatro ocasiones en apenas un año.
En julio pasado, este conocido comentarista de 59 años fue detenido por “insultar al jefe de Estado” después de haber comentado de manera irónica en un programa de radio este mismo artículo del Código Penal, que prevé penas de hasta tres años de prisión.
En septiembre fue acusado por la Justicia antiterrorista de “complot contra la seguridad del Estado” por evocar los audios filtrados entre una periodista y el presidente interino del partido islamista Ennahda, Monder Ounissi. Se le imputan cuatro cargos, con castigos que incluyen la pena de muerte, entre ellos participar en la creación de un grupo terrorista que conspira contra el Estado para cambiar el régimen y atentar contra la seguridad nacional.
En diciembre, unas declaraciones críticas con la gestión de la ministra de Comercio, Kalthoum Ben Rejeb, le costaron dos semanas de arresto y seis meses de prisión condicional en base al decreto 54, que castiga la producción y difusión de rumores y noticias "falsas" con hasta diez años de cárcel.
Durante su último interrogatorio, relata El Heni, los agentes trataron de requisar su teléfono y, al negarse, pasó de ser interrogado como "testigo" a "acusado".
"Es el nuevo método, utilizado también en la detención de los opositores políticos que están en prisión provisional desde hace más de 14 meses (límite legal de esta medida). Si no encuentran nada para acusarte, buscan en tu teléfono alguna información para utilizar en tu contra", explica este veterano, que ha hecho de su cafetería de barrio su nueva redacción.
A la espera de que el tribunal de apelación se pronuncie el próximo 17 de mayo con la esperanza de anular la condena, El Heni prepara su propio proyecto: un programa de debate político en internet, ajeno a los medios para los que colaboraba y que han prescindido de él por temor a represalias.
LA CENSURA MÁS ALLÁ DE LA POLÍTICA
Pero las presiones no sólo conciernen a la cuestión política. El último reportaje del programa "Las cuatro verdades", de la cadena privada El Hiwar Ettounsi (El debate tunecino), sobre extorsión sexual de menores ha sido censurado por orden judicial- la segunda vez en pocos meses- bajo pretexto de "preservar el interés superior de los niños y proteger sus datos personales".
Para Malek El Khadraoui, director de la web de investigación Inkyfada, hay un antes y un después del 25 de julio de 2021, fecha en la que el mandatario se hizo con plenos poderes para "preservar la paz social", y es la "casi imposibilidad" de acceder a la información.
"A veces tan sólo se trata de una confirmación o de una cifra. Es un rompecabezas y un texto puede quedar en el aire durante semanas. En la mayoría de nuestros artículos se repite la misma frase: hemos intentado contactar con el Ministerio sin obtener una respuesta", lamenta El Khadraoui, que señala una circular que prohíbe a los funcionarios responder a los medios sin una autorización previa de su superior.
El panorama mediático es un "cocktel molotov", advierte el presidente del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT), que apunta a cerca de 200 agresiones contra periodistas en el último año, un total de 39 procesados en base a leyes "liberticidas" como el decreto 54 y cinco condenados a penas de cárcel. A esto suma la precariedad en la que viven el 70% de los profesionales de medios privados. EFE
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