Activistas de derechos humanos denuncian persecución política en El Salvador

San Salvador, 18 abr (EFE).- Representantes de cuatro organizaciones humanitarias de El Salvador denunciaron el jueves que son "objeto y víctimas de una persecución" por parte de autoridades estatales por su labor de defensa de los derechos humanos.

Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), indicó que habrían sufrido acoso policial en sus actividades públicas, además de hostigamiento de agentes de la Policía y de elementos de la Fuerza Armada.

"Somos organizaciones defensoras de derechos humanos y obviamente con una discriminación política estamos siendo objeto y víctimas de una persecución", apuntó y señaló al Gobierno de Nayib Bukele.

Alfredo Mejía, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), dijo que en algunas de sus protestas habrían detectado la presencia de "infiltrados" del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), que se hacen pasar por periodistas, del seguimiento desde vehículos y del intento de detenciones tras las concentraciones.

"Es lamentable que solo anden fichándonos, cuando andamos defendiendo inocentes, (...) y pedimos que se nos respete porque no estamos cometiendo ningún delito, agregó Mejía, cuya hija está por cumplir 25 meses de detención en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Oscar Rosales, del Socorro Jurídico Humanitario, manifestó su preocupación por los intentos de agentes de la policía de ingresar sin orden en sus instalaciones, en San Salvador.

"Tenemos la presión permanente de agentes del Estado que han intentado ingresar en varias ocasiones en la oficina", apuntó Rosales.

Alertó sobre la posible preparación de "actos arbitrarios, como falsos positivos, acumulando delitos para poder ejercer una acción legal y detener a algunos de nosotros".

"Es parte de la estrategia política del Gobierno, del régimen del presidente Nayib Bukele, que intenta callar toda voz que no consienta la violación a los derechos humanos, que esté en contra de la muerte de inocentes y se pronuncie contra las detenciones arbitrarias", subrayó.

Salvador Ruiz, representante de familiares de detenidos en la comunidad rural del Bajo Lempa, también relató que estas personas han sido retenidas por agentes de la Policía en carreteras en el marco de las protestas que se han dado en San Salvador.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales, desde marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que ha dejado más de 79.200 detenciones y más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos. EFE

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