Ciudad de Panamá, 12 abr (EFE).- El contralor general de Panamá, Gerardo Solís, afirmó este viernes que auditará "los pocos auxilios económicos" educativos "que han producido escándalo" tras la difusión de una parte de los beneficiados, entre ellos familiares de funcionarios de alto nivel y empresarios, quienes ahora, "en período electoral" por los comicios de mayo, están siendo "discriminados públicamente".
El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) "ha beneficiado mediante auxilios económicos durante este gobierno", que comenzó el 1 de julio de 2019 y finalizará el próximo 30 de junio, "a 9.906 panameños (...) 5.306 para estudiar fuera de Panamá", pero "no he contado en las redes más de 50 personas que han sido escándalo (...) conté 18", dijo Solís a la cadena Telemetro.
"Voy a hacer una auditoría de los pocos auxilios económicos que han producido escándalos últimamente", añadió el contralor, que denunció que a estos beneficiarios vinculados a políticos en el poder o a poderosos empresarios se les está "vilipendiando".
A estas "18 personas, de 9.906 (adjudicatarios), que las están discriminando por razón política, el Ifarhu no las discriminó, las están discriminando públicamente en estos momentos que estamos en un período electoral", agregó Solís.
Este escándalo por los llamados "auxilios económicos" que otorga el Ifarhu estalló años atrás y revive ahora con la publicación por el diario La Prensa de una base de datos interactiva, armada por el propio rotativo, en la que se identifican 2.144 beneficiarios que recibieron en total 141,6 millones de dólares.
"No son todos: hay otros 2.759 desembolsos cuyo beneficiario se mantiene en secreto", indica el rotativo, que asegura que se está ante la adjudicación "discrecional" de recursos "no reembolsables" a estudiantes a los que no se exige "mantener un promedio académico alto, ni participar en alguna disciplina deportiva, ni destacar en actividades culturales", como sí se pide para obtener otras becas del Ifarhu.
Los expuestos en la lista son los beneficiarios -estudiantes de educación superior- y los montos, algunos de hasta 200.000 dólares, repartidos entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023, según la base de datos de La Prensa, una información que el Ifarhu se negó a difundir y que la Contraloría General declaró como "reservada", destaca el rotativo.
Varias decenas de personas protestaron el jueves frente a la sede de la Contraloría para exigir que se revele la identidad de todos los beneficiarios, pues existe el temor de que se trate de personas favorecidas por sus vínculos con el poder, dijo a EFE Itzel Araúz, miembro de la organización Sal de las Redes, convocante de la manifestación.
Al respecto, Solís afirmó que tomó la "decisión administrativa" de declarar la reserva de los nombres de beneficiarios en base a "tres fallos de la Corte Suprema de Justicia", y aclaró que va a mantenerlo así porque se le quiere dar un manejo político a esa información de cara a los comicios del 5 de mayo próximo.
"Puede venir otro contralor y la desclasifica y la hace pública, puede hacerlo", agregó, ya que se trata de una decisión discrecional de este cargo.
Solís también aseguró que todo auxilio financiero que su despacho ha refrendado cumple con los requisitos establecidos por el Ifarhu, que "normalmente" los fondos se entregan a la universidad y no al estudiante, que sí los montos dedicados a su manutención.
Además, "el estudiante está obligado a rendir cuentas al Ifarhu y el centro universitario también le manda al Ifarhu las notas, y si son notas bajas lo pueden suspender. Y si el estudiante sale de la universidad automáticamente los auxilios se convierten en obligación reembolsable", aseveró.
"El que va al Ifarhu que vaya con la frente en alto porque tiene los méritos académicos y el auxilio económico es para que pueda costearse la vida mientras estudia en una universidad (...) ningún estudiante beneficiario tiene que ser discriminado por quién es su papá, su tío, su abuela, su hermano", agregó. EFE
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