Túnez, 9 abr (EFE).- La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) denunció este martes "un patrón creciente de procesamientos de periodistas en Túnez" desde julio de 2021, cuando el presidente, Kais Said, se arrogó plenos poderes.
La denuncia sigue a la última detención, registrada en Túnez en marzo, del conocido periodista Mohamed Boughalleb "únicamente por su trabajo informando sobre presunta corrupción por parte de miembros del Ejecutivo", indicó la CIJ en un comunciado.
"El acoso judicial a periodistas únicamente por informar sobre presuntos actos ilícitos cometidos por funcionarios es una ilustración gráfica de la deriva autoritaria de las autoridades tunecinas", manifestó en la nota el director de la CIJ para Oriente Medio y Norte de África, Said Benarbia.
Boughalleb está acusado de "atribuir actos ilegales a un funcionario público sin aportar pruebas" y de "insultar a otras personas o perturbar su bienestar a través de las redes públicas de telecomunicaciones".
La policía arrestó a Boughalleb por unas declaraciones en la radio después de una denuncia presentada por un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Religiosos. El fiscal prorrogó la detención preventiva y ordenó a la policía otro interrogatorio por un segundo caso en virtud de un decreto que condena la difusión de información falsa.
"Las autoridades han utilizado el decreto ley 54 como instrumento para silenciar voces libres y tomar represalias contra periodistas por realizar legítimamente su trabajo y ejercer su derecho a la libertad de expresión en asuntos de interés público", consideró la organización.
Para la CIJ, el procesamiento de Boughalleb supone un ejemplo "del enfoque cada vez más punitivo del Ejecutivo hacia cualquier disidencia".
La organización internacional recuerda además los casos de Monia Arfaoui, interrogada en marzo de 2023, y de Zied Elheni, condenado a seis meses de prisión -sentencia suspendida en enero- por unas declaraciones críticas contra el ministro de Comercio.
"La CIJ pide a Túnez que ponga fin a todos los procesamientos arbitrarios de periodistas en virtud del decreto 54 y otras disposiciones penales únicamente por el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión en el desempeño de sus deberes profesionales", concluyó. EFE
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