Jesús Centeno
Pekín, 14 mar (EFE).- Hace este jueves una década que la abogada Cao Shunli murió en un hospital de Pekín tras seis meses en prisión por pedir mayor transparencia y participación de la sociedad civil en China, reflejando las dificultades que afrontan los defensores de las libertades fundamentales en el país asiático.
Cao murió a los 52 años por un fallo orgánico derivado de una tuberculosis y una hepatopatía, apenas un mes después de su traslado a un hospital desde el centro de detención del distrito pequinés de Chaoyang.
Según su familia, estaba sana antes de su encarcelamiento y las autoridades le negaron el tratamiento médico cuando su salud empeoró.
Cuando fue trasladada al hospital, ya era demasiado tarde.
La activista había sido detenida en septiembre del año anterior en el Aeropuerto Internacional Capital cuando trataba de viajar a Ginebra para asistir a un programa de formación sobre los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
Cao pasó cinco semanas en paradero desconocido hasta que su familia fue informada de que había sido arrestada de nuevo: según Amnistía Internacional (AI), ya había sido "enviada a reeducación" durante un año en abril de 2010, y durante un año y tres meses en 2011 por su activismo.
Pero su suerte quedó marcada al protagonizar durante meses una sentada frente al Ministerio de Exteriores junto a otros compañeros para pedir participar en el debate del informe que China tenía que presentar en 2013 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
"Es importante responsabilizar al Gobierno chino por la represalia mortal contra Cao. Su caso puso de relieve abusos en múltiples frentes: detención arbitraria, tortura y negación de acceso a cuidados médicos", comenta a EFE Renee Xia, directora internacional de Chinese Human Rights Defenders.
Este jueves, Ginebra celebra un acto de homenaje a Cao en el décimo aniversario de su muerte en cautividad.
Para Xia, su muerte sirvió para concienciar de que la legislación china contempla "detenciones en régimen de incomunicación de hasta 40 días previos a una presentación formal de cargos", algo que en la práctica "legaliza las desapariciones forzosas y aumenta el riesgo de que los arrestados sufran maltratos".
A raíz de casos como el de Cao, incluso el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha urgido a Pekín a que revise el delito de alteración del orden público -tipificado en la ley china como "buscar peleas y causar problemas"- por su ambigüedad, además de pedir "libertad a los defensores de derechos humanos, abogados y otras personas detenidas bajo esa legislación".
"Es un delito utilizado para prevenir la disidencia y para enjuiciar a quienes pidan libertad de expresión o asociación", apunta Xia.
Otros activistas han pedido reiteradamente, sin éxito, una investigación "independiente y completa" de la muerte de Cao para procesar a los responsables.
"Pero su historia también ha sido fuente de inspiración para los defensores de los derechos humanos en todo el mundo", asegura Xia.
No obstante, la experta cree que los activistas y sus familias afrontan ahora "más censura, más acoso y más castigos" que cuando Cao falleció.
"Es lamentable que China se limite a negar las acusaciones sin proporcionar información relevante", además de "intimidar a los denunciantes y sus familiares", remata.
Una década después, en el último examen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del pasado enero, China volvió a citar "progresos para mejorar la vida de la población" y criticó a Occidente por "utilizar los derechos humanos como excusa" para "inmiscuirse" en sus asuntos.
La delegación de EE.UU. criticó fuertemente a Pekín durante aquella revisión, marcada por protestas de opositores en la víspera y rumores sobre presiones de Pekín a las embajadas para evitar oprobios.
Según AI, esas presiones ilustran "los intentos de China de manipular a la comunidad internacional para negar el alcance de las violaciones de derechos humanos documentadas en los informes de la ONU, al mismo tiempo que ofrece su enfoque contrario a los derechos humanos como modelo para otros países".
Su directora para China, Sarah Brooks, asevera que aún así "muchos Estados formularon recomendaciones a Pekín, lo que muestra el consenso cada vez mayor de que los intentos de China por debilitar el sistema de trabajo de la ONU -distorsionando el diálogo y la cooperación- son muy problemáticos", zanja. EFE
jco/lcl/ah
