San Salvador, 10 mar (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que puede arreglar la grave crisis de violencia que sufre Haití si cuenta con el visto bueno de las autoridades locales y de la ONU, además de disponer de todos los gastos pagos.
"Podemos arreglarlo. Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y que estén cubiertos todos los gastos de la misión", publicó Bukele en inglés en su cuenta de X, cerca de la medianoche del sábado, en reacción a un mensaje de un usuario.
En enero de 2023, El Salvador se había comprometido a abrir una oficina de cooperación en dicho país para "reducir los altos índices de criminalidad", según informó entonces la Vicepresidencia.
Meses después, en marzo, el vicepresidente, Félix Ulloa, afirmó en la XXVIII Cumbre Iberoamericana que su país está listo para enviar una misión de asistencia a Haití tras un intercambio de notas entre sus jefes de Estado.
Ulloa indicó que "en un intercambio de notas entre el presidente Nayib Bukele y el primer ministro Ariel Henry se ha logrado el acuerdo para establecer una oficina de El Salvador en la República de Haití".
"Es hora de pasar a la acción, han habido muchos discursos, muchos acuerdos, muchas resoluciones sobre el caso haitiano, pero hay que ir sobre el terreno y El Salvador está listo para enviar una misión inmediatamente se terminen los acuerdos diplomáticos", agregó el vicemandatario salvadoreño.
Bukele y sus funcionarios afirman que El Salvador se ha convertido en el país más seguro del Hemisferio Occidental gracias a la implementación de un régimen de excepción enfocado en la "guerra contra las pandillas", que suspende derechos constitucionales y ha dejado más de 78.100 detenciones.
La política de seguridad de detenciones masivas ha sido criticada por organismos locales e internacionales de derechos humanos, que han recibido denuncias de atropellos, entre detenciones arbitrarias, tortura y muertes en prisiones sin esclarecer.
La medida extraordinaria entró en vigencia en El Salvador tras una escalada de asesinatos en marzo de 2022, atribuida a las pandillas y que investigaciones de medios locales indican se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las maras.
El mismo Gobierno de Estados Unidos ha sancionado al menos a dos altos funcionarios de la Administración de Bukele por supuestamente organizar y facilitar las negociaciones con las pandillas.
La violencia en Puerto Príncipe ha aumentado significativamente desde que el 28 de febrero se conociera que Ariel Henry se había comprometido a celebrar elecciones en Haití antes de finales de agosto de 2025, una fecha muy lejana si se tiene en cuenta que el primer ministro debió concluir su mandato el pasado 7 de febrero, según un acuerdo de 2022.
En medio de esta escalada de violencia, el pasado fin de semana las bandas criminales ingresaron en las dos principales cárceles de la capital, permitiendo la fuga de más de 3.000 presos.
Henry, actualmente en Puerto Rico y la máxima autoridad del país tras el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moise, es ahora objeto de presiones dentro y fuera de Haití para favorecer una transición que ayude a frenar la aguda crisis y la extrema violencia en la nación isleña.
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