Túnez, 3 feb. Amnistía Internacional (AI) pidió hoy a las autoridades tunecinas anular de inmediato las recientes condenas de tribunales militares contra seis civiles, cuatro de ellos opositores al presidente Kais Said, y liberar a aquellos que se encuentran actualmente encarcelados.
"Los tribunales militares de Túnez carecen de la independencia que exige el derecho internacional y estos procesos represivos e injustos deben terminar de inmediato", declaró en un comunicado la directora adjunta de AI para la región, Amna Guellali, que alertó del deterioro de los derechos fundamentales desde que el mandatario se hizo con plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social".
El último caso es el del exdiputado Seifeddine Makhlouf, en detención desde el pasado 20 de enero tras ser condenado a penas de entre cinco y 14 meses de prisión por insultar a un funcionario y perturbar el orden público.
En el mismo caso se encuentran otros tres miembros del partido Al Karama (Dignidad), que un año antes tuvieron un enfrentamiento con policías del aeropuerto de la capital que trataban de impedir viajar a una pasajera, clasificada como "S17", un procedimiento administrativo sin base judicial que permite al ministerio de Interior controlar los desplazamientos de personas sospechosas de radicalismo.
En paralelo, los cuatro acusados han sido encausados por los mismos cargos por diferentes tribunales civiles.
Por ello, la organización recordó que la jurisdicción de los tribunales militares sólo debe ejercerse sobre miembros de las fuerzas armadas por infracciones relacionadas con la disciplina militar.
"El presidente Kais Saied es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y toma la decisión final al nombrar a los jueces y fiscales de los tribunales militares. Los fiscales militares también son miembros de las fuerzas armadas en servicio activo" y, por lo tanto, "los tribunales militares tunecinos no son independientes según la definición del derecho internacional", explicó el comunicado.
En el último año y medio, la justicia civil y militar ha abierto numerosas investigaciones y adoptado medidas cautelares -arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a la libertad de expresión.
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