Acuerdo político en UE para facilitar el intercambio de pruebas electrónicas

Bruselas, 29 nov. El Consejo (los países de la Unión Europea) y el Parlamento Europeo alcanzaron este martes un acuerdo político sobre nuevas normas para el intercambio "fiable, transparente y rápido" de pruebas electrónicas en la UE, necesarias para investigar y, en última instancia, enjuiciar a los delincuentes y terroristas.

"Estas nuevas normas han sido muy esperadas por las autoridades judiciales nacionales de toda la UE y pronto transformarán profundamente el panorama judicial", aseguró el comisario de Justicia, Didiers Reynders, al acoger con "beneplácito" en un "tuit" el acuerdo alcanzado en base de la propuesta presentada por el Ejecutivo comunitario tras la ola de ataques terroristas en Europa.

Las nuevas normas, que se plasmarán en un Reglamento y una Directiva, proporcionarán a las autoridades nacionales un canal fiable para obtener pruebas electrónicas, al tiempo que establecerán fuertes salvaguardias para garantizar un alto nivel de protección de los derechos de las personas afectadas, destacó la Comisión.

Actualmente, Bruselas comparó que las autoridades de los Estados miembros deben seguir largos procedimientos de cooperación judicial para obtener pruebas electrónicas, con riesgos asociados de que los datos solicitados se eliminen, o en procedimientos de cooperación voluntaria con proveedores de servicios que implican una falta de fiabilidad, transparencia, rendición de cuentas y seguridad jurídica.

El nuevo Reglamento regulará las llamadas "órdenes europeas de entrega y las de conservación" para proporcionar una solución a la naturaleza volátil de las pruebas electrónicas y su dimensión internacional.

Se trata, según el principio del acuerdo, de adaptar los mecanismos de cooperación a la era digital, brindando al poder judicial y las fuerzas del orden herramientas para abordar la forma en que los delincuentes se comunican hoy y contrarrestar las formas modernas de delincuencia.

Así, la "orden europea de entrega" permitirá a una autoridad judicial de un Estado miembro solicitar pruebas electrónicas a través de un sistema informático descentralizado, directamente a un proveedor de servicios en otro Estado miembro, que estará obligado a responder en un plazo de 10 días, u 8 horas en casos de emergencia.

Mientras que la "orden europea de conservación" evitará que se eliminen los datos, lo que permitirá a las autoridades judiciales de un Estado miembro obligar a un proveedor de servicios de otro Estado miembro a conservar datos específicos y solicitarlos posteriormente.

Ambas órdenes sólo pueden dictarse en el marco de procesos penales y para localizar a condenados que evadan la justicia.

Las nuevas reglas incluyen fuertes salvaguardas y recursos para garantizar la protección de los derechos fundamentales y de la información personal, como la imposición de requisitos adicionales para obtener ciertas categorías de datos confidenciales.

El Reglamento incluye mayor seguridad jurídica para empresas y proveedores de servicios, al proporcionar un marco jurídico claro que establece sus derechos y obligaciones e impone una sanción de hasta el 2 % del volumen de negocios mundial total por incumplimiento de las órdenes europeas de entrega y conservación.

Por otro lado, la Directiva versa sobre el nombramiento de representantes legales para la recopilación de pruebas electrónicas y obliga a todos los proveedores de servicios en la UE a designar un representante legal o un establecimiento para recibir, cumplir y hacer cumplir las solicitudes para recopilar evidencia electrónica.

El Parlamento Europeo y el Consejo deberán adoptar formalmente el acuerdo político de hoy, y una vez publicado en el Diario Oficial, tanto el Reglamento como la Directiva entrará en vigor 20 días después, aunque los Estados miembros tendrán tres años para transponer el primero a su legislación nacional y dos años y medio para hacerlo con la segunda. EFE

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