Los obispos católicos italianos publicaron el jueves su primer reporte sobre abusos eclesiásticos, aunque el principal grupo italiano de sobrevivientes dijo que la declaración era “vergonzosamente” inadecuada porque sólo cubría los reportes a las autoridades eclesiásticas de los dos últimos años y omitía la investigación documental en archivos de la Iglesia.
El reporte, que encontró 89 posibles víctimas y unas 68 personas acusadas, no pretendía ofrecer una visión precisa o histórica del problema de los abusos clericales en Italia. Los obispos del país nunca autorizaron una pesquisa de ese tipo, pese a las reclamaciones de sobrevivientes de que se hiciera una revisión completa como han hecho otras iglesias católicas europeas.
En su lugar, los obispos italianos limitaron el alcance de su informe a evaluar el trabajo de los “centros de escucha” creados en las diócesis a partir de 2019 para recibir denuncias de víctimas. El reporte ofrece una “primera imagen” del problema y los obispos tienen previsto publicar reportes anuales a partir de ahora, indicaron los organizadores durante una conferencia de prensa el jueves.
En los últimos dos años, 89 personas hicieron denuncias e identificaron a 68 agresores, indicó el reporte. La mayoría de las víctimas tenían entre 15 y 18 años cuando se produjeron los abusos, aunque 16 eran adultos a los que la Iglesia consideraba “vulnerables”. La mayoría de los casos implicaban lenguaje o comportamiento y tocamientos inapropiados.
Las cifras palidecían en comparación con el conteo de casos conocidos que mantiene el principal grupo italiano de sobrevivientes, Rete L'Abuso, que estima que hay un millón de víctimas en el país, de abrumadora mayoría católica. El grupo ha identificado a unos 178 sacerdotes acusados, 165 sacerdotes condenados por la justicia italiana y unos 218 casos nuevos.
Sin embargo, los datos publicados por los obispos italianos de los dos últimos años eran significativos, dijo Francesco Zanardi, director de Rete l'Abuso.
“Si en dos años recibieron 89 denuncias, eso implica que el problema está ahí y es grande”, dijo en una entrevista por teléfono.
Zanardi señaló que un porcentaje inusualmente alto de los acusados eran trabajadores seglares de la Iglesia, en torno al 34%, frente al 66% de religiosos. Los agresores seglares a menudo tienen un acceso más fácil a las víctimas en los amplios programas eclesiásticos con voluntarios, donde los controles de antecedentes son menos estrictos.
El monseñor Lorenzo Ghizzoni, que dirige el servicio de protección a la infancia de la Iglesia italiana, dijo que los números eran significativos dado que el periodo cubierto incluía una época en la que las actividades de la institución se había cancelado o reducido por la pandemia del COVID-19.
“Estos son sólo unos pocos, pero son muchos”, especialmente para un sistema recién creado de recepción de denuncias, dijo Ghizzoni.
Desde el principio, el alcance del reporte era mucho más limitado que las revisiones que han adoptado los líderes católicos en muchos países europeos para tratar de responder al clamor de que se asuman responsabilidades por los abusos en el seno de la Iglesia.
Cuando anunció el reporte en mayo, el presidente de la conferencia episcopal italiana, el cardenal Matteo Zuppi, insistió en que el alcance del estudio y el margen de seis meses para su publicación permitiría a los investigadores ofrecer unos datos más “precisos y comprobables”.
Ya fuera por orden del gobierno, investigación parlamentaria o iniciativa de la Iglesia, los reportes elaborados en Irlanda, Bélgica, Holanda, Alemania, Portugal y Francia identificaron problemas sistémicos que permitieron los abusos de sacerdotes católicos a miles de niños.
En Francia, un comité de expertos independientes estimó que 330.000 niños sufrieron abusos sexuales durante 70 años a manos de unos 3.000 sacerdotes y empleados de la Iglesia, y que la jerarquía eclesiástica había ocultado los crímenes de manera “sistemática”. Ese informe y una serie de revelaciones sobre agresores de alto rango han desencadenado una crisis de confianza en la Iglesia católica francesa.
Zanardi alegó que el reporte italiano era un claro intento de “minimizar” y encubrir el alcance de los abusos clericales en Italia. “Es vergonzoso. Es parcial y en realidad no se sabe para qué es”, afirmó.
Un consorcio de grupos de sobrevivientes ha empleado la etiqueta #ItalyChurchToo ("la Iglesia italiana también") para identificar por qué el problema sigue estando tan silenciado en Italia. Los miembros de la alianza dijeron que la influencia cultural, social y político que conserva la Iglesia ha hecho que los fiscales sean reacios a investigar las denuncias de abusos contra religiosos y derivado en una falta de interés del público italiano y en que los legisladores rechacen apoyar pesquisas parlamentarias.
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