Ecuador, que afronta el descontento social por el alza de combustibles, garantiza el derecho a las protestas pese al estado de excepción dictado para combatir el narcotráfico, dijo el martes el viceministro de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes.
El estado de excepción decretado el lunes y que implica la movilización de militares y policías de "ninguna manera afecta al derecho a la libre expresión que tienen las personas o las organizaciones", manifestó Fuertes al canal Teleamazonas.
"Los niveles de inseguridad que están asolando al país son los que originan este nuevo mecanismo en búsqueda de contrarrestar la inseguridad", agregó el funcionario.
El presidente Guillermo Lasso, quien asumió en mayo, decretó el estado de excepción en todo el país por 60 días ante una "grave conmoción interna" por los altos índices de violencia por efecto del narcotráfico.
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú -los principales productores mundiales de cocaína-, es utilizado como bodega y para el tránsito de drogas.
Los decomisos entre enero y octubre de 2021 alcanzaron el récord anual de 147 toneladas contra 128 toneladas de 2020, mientras que los homicidios intencionales subieron a casi 1.900 (once por cada 100.000 habitantes) frente a cerca de 1.400, respectivamente, según cifras oficiales.
"Ninguna de las libertades individuales que están garantizadas en la Constitución está sufriendo ningún tipo de menoscabo", indicó el viceministro, añadiendo que el estado de excepción nada "tiene que ver con estos anuncios de movilizaciones que han formulado algunos sectores de la sociedad".
Organizaciones sindicales, de indígenas, estudiantes y del transporte reclaman la suspensión del alza gradual de precios de combustibles en Ecuador, donde están subsidiados.
En casi tres años, el galón de gasolina corriente, de las más utilizadas, subió de 1,48 a 2,50 dólares (69%) hasta octubre.
La mayor organización indígena de Ecuador (Conaie), de oposición, decidirá este viernes la fecha de una protesta nacional.
La Conaie, que participó en revueltas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres gobernantes entre 1997 y 2005, lideraron en 2019 violentas protestas contra la eliminación de subsidios a los combustibles, que dejaron once muertos y obligaron al entonces mandatario Lenín Moreno a dar marcha atrás.
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