Las claves que marcan un polémico acuerdo de Costa Rica con el FMI

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En la imagen, el presidente
En la imagen, el presidente costarricense, Carlos Alvarado. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 20 jul (EFE).- El Congreso de Costa Rica aprobó un polémico acuerdo por 1.778 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que según el Gobierno ayudará a sanear las finanzas estatales al cambiar deuda cara por deuda más barata, lo que no convence a varios sectores políticos y sindicales.
Estas son las claves del acuerdo ratificado en segunda y definitiva votación por el Congreso la noche del lunes, que enoja a los sindicatos y sectores sociales, pero que satisface al Gobierno, a los empresarios y organismos económicos internacionales.
CANJE DE DEUDA CARA POR BARATA
Según el Gobierno costarricense, el préstamo de 1.778 millones de dólares, que se desembolsará a lo largo de 3 años, se utilizará en un 90 % para pagar deuda cara, lo que le permitirá un ahorro de unos 68 millones de dólares en intereses.
El restante 10 % se destinará al pago de la deuda que el Gobierno tiene con la estatal Caja Costarricense del Seguro Social.
"El acuerdo con el FMI es una vacuna económica que nos permitirá darle estabilidad financiera al país e impulsar la recuperación económica en plena pandemia. Estamos en el camino correcto y así lo sabrán los mercados internacionales”, aseguró este martes el presidente del país, Carlos Alvarado.
Costa Rica cerró 2020 con un déficit fiscal del 8,34 % del PIB, cifra agravada por los efectos de la pandemia de la covid-19, y la deuda se ubicó en el 67,5 % del PIB.
RECORTE DE GASTO
A cambio del préstamo, Costa Rica se comprometió a eliminar el déficit primario en el año 2023 y bajar la deuda al 50 % del PIB en 2035, lo que requiere una serie de polémicos ajustes en el gasto y en los ingresos que suman el 4,75 % del PIB.
La punta de lanza es un proyecto de reforma al sistema de Empleo Público que se encuentra en estudio de la Sala Constitucional.
Este proyecto pretende crear un salario global y reducir las remuneraciones por pluses salariales, con el fin de reducir las numerosas escalas salariales que hay en el sector público del país.
Por el lado de los ingresos el Gobierno, impulsa incrementos en el impuesto sobre la renta, en el de las casas de lujo (las que valen más de 250.000 dólares), la implementación de la renta global, entre otras iniciativas.
EL DESCONTENTO SINDICAL
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, ha sido uno de los más críticos con el acuerdo con el FMI y aseguró que habían "otras opciones" para evitar acudir a más endeudamiento, como por ejemplo enfrentar con fuerza la evasión fiscal.
La ANEP afirma que el proyecto de ley afectará a las cases bajas y medias y que además viola el orden constitucional y compromisos del país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En los últimos meses han habido pequeñas protestas en las calles, pero no han alcanzado niveles importantes de convocatoria como los vistos a finales del año pasado cuando el Gobierno hizo un primer planteamiento de negociación con el FMI, que fue rechazado a lo interno por sectores políticos, sindicales y sociales debido a que estaba demasiado cargado a nuevos impuestos.
LA SATISFACCIÓN DE SECTORES ECONÓMICOS
La aprobación del acuerdo con el FMI ha traído satisfacción a las cámaras empresariales del país.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) manifestó que la aprobación del acuerdo es "un primer paso para recuperar confianza y la credibilidad de los mercados internacionales".
La UCCAEP pidió al Gobierno y al Congreso que "busquen de forma decidida reducir el gasto público", así como "acciones reales para la reactivación de la producción y un esquema tributario menos complejo".
El presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Enrique Egloff, calificó este lunes como "una buena noticia" la aprobación del crédito, pues considera que "generará confianza en los inversionistas y es un paso importante para promover una mejor calificación del riesgo país".

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