Colombianos denuncian muerte de menores en bombardeo

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — La institución de ciencias forenses de Colombia aún trabaja en la identificación de los cuerpos de las diez personas que fueron abatidas en una operación militar el 2 de marzo contra las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En paralelo, familiares de menores desaparecidos por esas fechas y otras voces señalan que entre las víctimas estarían sus seres queridos.

“Un equipo interdisciplinario, conformado por médicos forenses y otros especialistas, asumió la necropsia y el proceso de identificación de los cuerpos. Las labores científicas continúan y los resultados serán informados al fiscal del caso cuando se tenga plena certeza sobre las identidades”, indicó el miércoles en un comunicado el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El instituto no confirmó las edades de los fallecidos y desvirtuó versiones difundidas en medios locales que indican que entre los muertos habría una menor de 16 años y nueve personas más de entre 19 y 39 años.

El periodista y exconcejal de Bogotá, Hollman Morris, fue quien advirtió en las últimas horas que un grupo de familias estaban buscando a sus hijos menores de edad, 14 en total, que al parecer desaparecieron días atrás y después habrían muerto durante el bombardeo del Ejército en el municipio de Calamar, ubicado en el departamento del Guaviare, al sur.

“Desde hace dos días las familias se han acercado a Medicina Legal de Villavicencio (Meta) y hasta ayer les dijeron que habían unos cuerpos que eran de sus hijos. Es ahí cuando yo confirmo la información de que hay menores de edad, a través de un defensor de derechos humanos que me habla frente a la cámara”, aseguró Morris a The Associated Press.

Morris se refiere a la entrevista que le concedió el defensor de derechos humanos Edilberto Daza en la noche del martes, en la que asegura que se trata de ocho familias que buscan los menores, de los cuales tres “han encontrado los cuerpos en Medicina Legal”.

Ante la denuncia, el Ejército manifestó en un comunicado que la operación militar no violó los protocolos del Derecho Internacional Humanitario y que la “identidad, sexo y edad” de los 12 muertos “serán establecidas por las autoridades competentes”. Esta cifra de fallecidos no coincide con los que recibió Medicina Legal, que fueron 10.

La operación militar se realizó contra Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, quien es el jefe de un grupo disidente de las FARC que opera en el sur del país, después de abandonar el acuerdo de paz que el gobierno firmó con la guerrilla en 2016.

El ministro de Defensa, Diego Molano, explicó a medios nacionales que se trató de un “uso legítimo de la fuerza” contra el grupo armado ilegal, sin aclarar si las labores de inteligencia del Ejército identificaron o no menores en el campamento de disidentes. Sin embargo, aseguró que los menores víctimas del reclutamiento forzado se convierten en criminales al ser entrenados por los armados.

“Tenemos un terrorista como Gentil Duarte que ha preparado jóvenes, máquinas de guerra, que atentan contra la sociedad colombiana, que cometen actividades de narcotráfico y actividades terroristas. En el caso del reclutamiento son víctimas que desafortunadamente se convierten en máquinas de guerra”, dijo Molano al medio local RCN Radio.

Las declaraciones del ministro de Defensa fueron criticadas por políticos y analistas. Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), explicó en un video que lo dicho por el ministro carece de sustento legal y calificó el hecho como un “crimen de guerra”. “A la luz del derecho internacional humanitario es una operación de aniquilamiento, lo que está prohibido”, agregó.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, manifestó su “preocupación” por las denuncias y pidió al Ministerio de Defensa y a Medicina Legal aclarar la situación y suministrar detalles. En Colombia los menores de edad siguen siendo víctimas de reclutamiento forzado. Según la Defensoría del Pueblo, en 2020 se reportaron 83 casos.

“Desde hace varios días damos seguimiento a bombardeo ocurrido en Guaviare el 2 de marzo. Estamos en contacto con autoridades civiles y militares y familiares de personas fallecidas”, indicó la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, desde Twitter.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) -dedicado a la protección de la niñez- confirmó que tras el operativo el Ejército les entregó a dos menores de 18 años. “Después de su valoración médica, ellos entran en ese proceso de reparación de los daños ocasionados a su integridad”, dijo la directora de la entidad Lina Arbeláez en una comunicación oficial.

Esta no es la primera vez que denuncian la muerte de menores en un bombardeo del Ejército: en noviembre de 2019, la Fiscalía confirmó que ocho menores fallecieron en un operativo militar realizado en San Vicente del Caguán, al sur, contra las disidencias de las FARC. Tras la denuncia, realizada en el Congreso, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció a su cargo.