(Bloomberg) -- Si la convulsión nacional del año pasado no fue suficiente para romper el romance de Chile con la tecnocracia favorable al mercado, la propagación del descontento cívico por las miserias provocadas por la pandemia de coronavirus podría terminar el trabajo.
Sí, las rápidas medidas del presidente Sebastián Piñera para combatir el brote e inyectar a la economía fondos de emergencia para los hogares más vulnerables dieron un respiro al Gobierno sitiado. Sin embargo, la reciente votación 95 a 36 en la Cámara de Diputados para permitir que los chilenos recurran a sus pensiones privadas fue una reprimenda a la parsimonia fiscal y, en general, a la fe de Piñera en el reformismo capitalista.
No es el momento del derrumbe emblemático con el que los chilenos pudieron haber soñado. Incluso si el proyecto de ley, una enmienda constitucional, es aprobado en el Senado con la supermayoría requerida de 60%, los cotizantes pueden retirar solo 10% de sus ahorros (hasta alrededor de US$5.500). Pero a juzgar por el júbilo en las cámaras legislativas y la calle, los chilenos podrían haber ganado la Copa del Mundo.
Es poco probable que la emoción dure. La economía cayó más de 15% en los 12 meses hasta mayo, y analistas proyectan una contracción de 6% a 7% del producto interno bruto este año. La carga recae de manera desigual en una de las sociedades menos equitativas de la región, donde la ola de indignación del año pasado casi puso de rodillas al Gobierno de Piñera.
Uno de los factores desencadenantes de la agitación del año pasado fue el sistema de pensiones, la política representativa del país más favorable para los negocios de América Latina. Chile fue pionero en los fondos de pensiones empresariales, convirtiéndose en 1981 en el primer país en abandonar un sistema de pensiones de reparto respaldado por el Gobierno y en implementar un sistema de ahorros privados obligatorios para la jubilación.
Había mucho que admirar sobre el modelo chileno. Los fondos de pensiones privados impulsaron la inversión y convirtieron a Chile en el centro de atención económica de América Latina. Gracias, en gran medida, al impulso de las pensiones, el ingreso nacional se disparó y la pobreza se desplomó: 8,6% de los chilenos eran pobres en 2017, frente a 36% en 2000. Mientras que en la región los sistemas de seguridad social dilapiladores dañaban las cuentas fiscales, Chile se destacaba por ser un referente de solvencia y prosperidad en las pensiones. Ya no.
Incluso cuando la economía de Chile despegó, una gran parte de los chilenos se fue quedando atrás. Los trabajadores de clase media y alta que tenían sueldos estables y contratos de trabajo adecuados se jubilaban con relativa comodidad. Sin embargo, la abrumadora mayoría recibía bajos pagos. Cerca de 80% gana menos de US$400 y 44% recibe muy poco como para salir de la pobreza. La mayoría de los trabajadores a tiempo parcial y los de la economía informal (30% de la fuerza laboral) son demasiado pobres para ahorrar y pierden las esperanzas de jubilarse con beneficios.
Además, la nación atípica de América Latina se queda atrás frente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el pacto de democracias ricas a las que aspiran las economías emergentes. Los chilenos generalmente trabajan más allá de la edad legal de jubilación, terminando un año y nueve meses más tarde que sus pares de la OCDE. Los jubilados chilenos también mueren más jóvenes que sus homólogos de la OCDE, y en 2017, al menos uno de cada cinco chilenos de 60 años o más era pobre. A pesar de una reforma distintiva en 2008, que creó un beneficio subsidiado, el número de jubilados que seguían trabajando aumentó de 8,5% a 14% en una década.
Incluso los chilenos de clase media luchan por mejorar su suerte. Solo 18% de los jóvenes de entre 25 y 34 años tiene un diploma universitario, en comparación con 34% de la OCDE. Los estudiantes dependen de la financiación privada para pagar una parte mucho mayor de sus estudios universitarios (76%) que sus contrapartes del mundo rico (31%), por lo que convierten su vida laboral en una carrera por pagar sus deudas a tiempo y ahorrar lo suficiente para una pensión decente. “La idea de que te gradúes de la universidad, consigas un buen trabajo y ahorres durante más de 40 años para una jubilación cómoda, ese modelo colapsó”, dijo Armando Barrientos, académico sobre pobreza y justicia social en la Universidad de Manchester.
Estos problemas han empeorado una de las distribuciones de la riqueza más escandalosas de la región. En 2016, el 1% más rico de Chile poseía un tercio de la riqueza nacional.
Las funestas cifras alimentaron el descontento nacional. En 2017, casi un millón de chilenos votaron en un plebiscito acerca de reformar el sistema de pensiones, y más de 96% votó por terminar con el sistema de inversión privada denominado AFP. La demanda se ha vuelto más fuerte durante la pandemia. Piñera intentó inútilmente conquistar a la clase media en dificultades con préstamos blandos, aplazamientos de hipotecas y subsidios de alquiler. Una encuesta reciente mostró que 83% de los chilenos aprueba la enmienda constitucional que les permitiría retirar sus ahorros.
Lo hacen bajo su propio riesgo. Los fondos de pensiones privados de Chile, por un valor aproximado de US$200.000 millones en la actualidad, han sido una fuente de dinero confiable para el crecimiento. Los críticos temen que los retiros proyectados de hasta US$19.000 millones puedan purgar la inversión privada que Chile necesita con urgencia para una recuperación económica.
Además, para cubrir los retiros, los fondos de pensiones tendrán que liquidar muchas de sus posiciones al precio que puedan obtener durante la recesión económica mundial, según Shreya Subramaniam, investigador de Economist Intelligence Unit. Incluso si Chile puede absorber el golpe a su salud fiscal, el cambio de las reglas envía una señal preocupante a los inversionistas. Según Miguel Ricaurte, economista sénior de Banco Itaú para la región andina, cuando se altera la Constitución, existe el riesgo de que los mercados no vean eso favorablemente.
Y sin considerar el golpe a los futuros jubilados. “Los chilenos están luchando por entender qué es lo que necesitan”, dijo Felipe Camargo, de Oxford Economics. “Al mismo tiempo que protestaron por mayores pensiones, no parecen entender que estos retiros pueden comprometer su futuro. La pensión que ganarán mañana es un resultado directo de lo que ahorran hoy”.
Tal vez, lo más preocupante es que los partidarios de la nueva ley podrían estar apostando a que los chilenos puedan acceder a la totalidad de sus ahorros. Sin embargo, dado que la legislatura también rechazó una propuesta paralela de crear un fondo “solidario” para compensar los déficits de los cotizantes, el Gobierno podría verse presionado para aumentar los impuestos o emitir más deuda en el peor momento. De cualquier manera, Chile se enfrenta a un “impacto corrosivo en un sistema financiero ya tenso y con finanzas públicas cada vez más limitadas”, informó Economist Intelligence Unit.
Nadie niega que el sistema de pensiones de Chile necesita una reforma. Según Juan Nagel, profesor de economía de la Universidad de los Andes, hace mucho tiempo que Chile necesitaba aumentar la edad de jubilación, aumentar el nivel de contribuciones y crear una opción pública viable para los más desfavorecidos, pero que nada de eso se implementó y lo que ahora tenemos sobre la mesa es un absoluto regalo para la clase media y alta.
El llamado a una modificación al sistema de pensiones es parte de una demanda cívica mayor por un contrato social más justo. En una rara tregua, las facciones políticas normalmente polarizadas del país se han rendido al espíritu de la época al respaldar una reforma constitucional. Piñera está a bordo, pero ha pedido a los chilenos arreglar, no enterrar, el sistema. Si la derrota de la coalición gubernamental en materia de pensiones es una señal, los chilenos no están de humor para escuchar.
Nota Original:Covid-19 May Destroy Chile’s Iconic Pension System: Mac Margolis
©2020 Bloomberg L.P.
