BERLÍN (AP) — Alemania comenzó el martes el juicio a dos extremistas de derecha acusados de asesinar a un político regional, un crimen estilo ejecución que conmovió al país entero el año pasado.
Walter Luebcke, miembro del partido de la canciller Angela Merkel y jefe del gobierno regional de Kassel, en el centro de Alemania, fue herido de bala en la puerta de su casa el 1 de junio de 2019 y murió horas después.
Stephan Ernst, de 46 años, con un prontuario de crímenes violentos contra inmigrantes, está acusado de homicidio, intento de homicidio, lesiones graves y violación de las leyes sobre armas.
Otro hombre, identificado como Markus H. debido a las leyes de privacidad, está acusado de complicidad en un homicidio y violación de las leyes sobre armas.
Hubo largas filas frente a la corte regional de Fráncfort donde se ventila el juicio, que obligaron a acentuar las medidas de seguridad. Las restricciones debido a la pandemia significan que unos pocos periodistas y otras personas podrán asistir al juicio.
Los fiscales dicen que Ernst y Markus H. asistieron en octubre de 2015 a una asamblea popular en la que Luebcke defendió la decisión del gobierno de Merkel de admitir a cientos de miles de refugiados. Un video del discurso de Luebcke recorrió los círculos de la ultraderecha y le valió muchas amenazas.
El fiscal Dieter Killmer dijo que Ernst actuó motivado por el “racismo y la xenofobia”. Los dos sospechosos aspiraban a una “sociedad étnica y culturalmente homogénea”.
Las autoridades descubrieron numerosas armas ilegales que Ernst había ocultado en diversos lugares: tres revólveres, dos pistolas, dos fusiles y una metralleta, además de 1.400 proyectiles.
Ernst dijo en principio a los investigadores que perpetró el asesinato por su cuenta, pero luego se retractó.
La esposa y los dos hijos de Luebcke podrán asistir al juicio como coacusadores, como admite la ley alemana.
Después del asesinato y otros ataques el año pasado, el gobierno juró reprimir el extremismo de ultraderecha, que calificó de amenaza grave a la seguridad del país.
El juicio podría prolongarse hasta octubre.
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