CARACAS (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump sancionó el lunes a siete diputados disidentes de la oposición venezolana señalados de intentar tomar el control de la Asamblea Nacional de manera ilegítima y bloquear la reelección del líder opositor Juan Guaidó.
La acción fue condenada por decenas de países al ser considerada un intento de golpe de Estado contra la última institución democrática de Venezuela.
La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro impuso las penalizaciones a Luis Eduardo Parra, José Gregorio Noriega Figueroa, Franklyn Duarte, José Brito Rodríguez, Conrado Pérez Linares, Adolfo Superlano y Negal Manuel Morales por sus “acciones que socavan la democracia”.
El 5 de enero las fuerzas de seguridad controladas por el presidente Nicolás Maduro impidieron que Guaidó y alrededor de 100 delegados de la oposición ingresaran al Palacio Legislativo. En el ínterin un pequeño grupo de diputados disidentes de la oposición, alineados con la bancada oficialista, “intentó obstruir el proceso constitucionalmente ordenado y, en cambio, celebró una elección fraudulenta sin quórum”, resaltó el comunicado.
Mientras los cuerpos de seguridad impedían el paso, los diputados socialistas sumaron sus votos para la designación de una nueva directiva de la Asamblea Nacional, encabezada Parra, quien semanas antes había sido separado de la oposición junto con otros legisladores bajo sospecha de haber recibido sobornos para debilitar el bloque que respalda a Guaidó.
El Departamento del Tesoro sancionó a “siete funcionarios corruptos de la Asamblea Nacional que, a instancias de Maduro, intentaron bloquear el proceso democrático en Venezuela", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, citado en el escrito.
Horas después, una sala del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se declaró competente para conocer una “acción de amparo constitucional” contra la Asamblea Nacional, respecto de Parra, Duarte y Noriega, por un lado, y los diputados Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, por otro, “quienes pretenden cumplir funciones de integrantes de sendas juntas directivas de la Asamblea Nacional”. Parra no publicó la lista de asistencia de la sesión alegando que fue robada.
El máximo tribunal, que es controlado por el oficialismo, ordenó a Parra y sus colaboradores que remitan el informe del acto legislativo y el quórum de la sesión en un plazo de cinco días, “so pena de incurrir en la sanción señalada en la Ley del Tribunal que contempla desde multas hasta acciones penales y administrativas”.
La mayoría opositora reeligió a Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional el 5 de enero tras el frustrado intento de ingresar a la sede legislativa en una ceremonia realizada en un diario del este de la capital.
Guaidó y varias decenas de diputados aliados ingresaron dos días después al Palacio Legislativo luego de un forcejeo con agentes de la Guardia Nacional que les bloqueaban el acceso.
Mediante Twitter, la directiva encabezada por Parra rechazó las sanciones y afirmó que resulta “inaceptable” que gobiernos extranjeros “pretendan condicionar la actuación y la libertad de conciencia de nuestros parlamentarios”.
“Estas acciones unilaterales en nada contribuyen a generar contextos de entendimiento” entre los venezolanos, agregó el diputado disidente, defendiendo la legitimidad de su elección.
Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos Maduro y sus más cercanos colaboradores, para presionar al gobernante para que deje el poder.
Estados Unidos y más de 50 países reconocen a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Como jefe de la Asamblea Nacional, Guaidó se declaró presidente encargado en enero de 2019 alegando que la reelección de Maduro había sido fraudulenta debido a la inhabilitación de los principales partidos opositores en los comicios de mayo de 2018.
