El sistema político brasileño funciona muy distinto al mexicano. En México también existe el recurso constitucional de desafuero y el juicio político. Pero el escenario para llevar a cabo cada uno es muy complejo. De hecho, hace unos días se conformó la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos en el Parlamento, la cual comenzó a "trabajar" después de 13 años.
Deberá analizar más de 300 solicitudes.
Según los legisladores que integran la Subcomisión, se seguirá un proceso "sin tintes partidistas ni electorales, sin frenar ningún caso específico". Se revisarán los expedientes en orden cronológico y no por la coyuntura, aseguran.
Existen casos acumulados desde 2003, aunque se desecharán aquellos en los que la persona impugnada ya no esté en funciones.
Existen casos acumulados desde 2003
Infobae entrevistó a Roberto Duque, experto en la Constitución mexicana, quien asegura que el recurso de juicio político es hoy por hoy un elemento de presión contra adversarios u opositores políticos. Si bien el mecanismo no es novedoso, no ha prosperado ninguna de las solicitudes contra un Presidente de la República, a quien se le puede acusar por traición a la patria o delitos graves del fuero común. Solo el Senado tiene un régimen para proceder contra los altos servidores púbicos.
"Se antoja difícil que a estas alturas avance un juicio político, pues la distribución del poder en los órganos legislativos va de la mano de los grupos en el gobierno" agregó Duque.
Los ejemplos en los que un juicio político ha prosperado son muy antiguos en la historia mexicana
Los ejemplos en los que un juicio político ha prosperado son muy antiguos en la historia mexicana. Se trata en realidad de "casos de desafuero". En 1982, el ex director de Petróleos Mexicanos, Jorge Diaz Serrano, se le acusó de fraude, y por ese delito se le retiró el fuero y más tarde fue arrestado.
Y en tiempos más recientes, el ex candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, quien en 2005 fue acusado por abuso de autoridad durante su mandato como jefe de Gobierno de la Ciudad de México por el entonces presidente Vicente Fox. Ante la presión popular, el mismo Fox Quezada tuvo que dar marcha atrás al proceso.
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