Una de las herencias que dejó el anterior gobierno es el enorme déficit fiscal. Según un estudio privado, al año 2015 el desequilibrio del sector público nacional ascendió a $226 mil millones que equivalen a 4% del Producto Bruto Interno (PBI).
Así, señala el trabajo de IDESA, "el déficit llega al 7% del PBI si no se contabilizan como ingresos las transferencias al Tesoro desde el Banco Central, ANSES y otros organismos públicos, lo que obliga a una masiva emisión monetaria que es la principal causa de la inflación".
Dentro de las principales erogaciones del Estado se destacan los subsidios a la energía y al transporte público. Con el objetivo de reducir estos gastos, el Gobierno aplicó actualizaciones sobre las tarifas de electricidad, gas y, más recientemente –la semana pasada–, sobre las del transporte público.
Según el informe, "dentro de los subsidios al transporte, el 73% se canaliza a las empresas de colectivos urbanos de corta distancia" y en relación a este componente, la información oficial publicada por el Ministerio de Transporte señala que para el año 2015:
El total de subsidios a ómnibus urbanos fue de unos $33 mil millones, o sea, un equivalente a $774 por habitante por año para todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, los subsidios a los ómnibus urbanos ascendieron a $4.203 por habitante por año. En el resto de las provincias, los subsidios a los ómnibus urbanos representaron $512 por habitante por año.
"Estos datos muestran la fuerte concentración geográfica que prevalece en la distribución de los subsidios al transporte urbano. La Ciudad de Buenos Aires recibe 8 veces más subsidios por habitantes que el resto del país", advierten desde IDESA.
Según el análisis, "parte se explica por el flujo de personas que ingresan los días laborables a la Capital proveniente del Gran Buenos Aires. Pero una porción muy importante es el resultado de una política discriminatoria contra el interior. Prueba de ello es que, aún con la reducción de subsidios, el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo inferior al que prevalece en el interior".
Desde IDESA subrayaron además que tal discriminación se replica en el resto de los servicios públicos. Por ejemplo, "en la Ciudad de Buenos Aires se pagaba apenas el 18% del costo de la electricidad cuando en la mayor parte del resto del país hace años que las tarifas fueron actualizadas".
En el caso del gas, señala el trabajo, "también operan privilegios para Buenos Aires ya que prácticamente toda su población dispone del servicio, mientras que en el interior las tasas de conexión varían entre el 63% en la región centro y menos del 50% en las provincias del norte".
El caso más injusto es el de agua y cloacas. "Mientras que el servicio se subsidia con impuestos nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, en el interior es masiva la carencia de conexión a red de agua y cloacas", destacan desde IDESA.
Según se analiza, "el 'porteñismo' que prevalece en los análisis de política pública resulta irritante" y "frente a la decisión de reducir (no eliminar) un mecanismo altamente distorsivo e injusto aparecieron reacciones de rechazo, incluso dentro de la misma coalición gobernante".
Desde IDESA recordaron que "la experiencia de la última década con los subsidios demuestra los daños que producen el manejo oportunista y poco profesional del Estado" y "lo difícil que resulta volver a esquemas sustentables y equitativos cuando se enquistan los privilegios y la irracionalidad".
En concreto, el trabajo considera que "mientras se asume con una actitud mansa el pago de seguridad privada, prepagas y colegios privados ante el abandono del Estado de sus responsabilidades básicas en materia de seguridad, educación y salud, se considera un derecho que los servicios de agua, electricidad, gas, trenes y ómnibus sean casi gratis para una parte de la población".
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