En la publicación oficial se lee que el decreto busca que Maduro prosiga "brindando protección" a la población ante la "guerra económica" que, asegura, le ha declarado la oposición y que, unida a la caída de los precios del petróleo, mantiene al país en una severa crisis económica, expresada en desabastecimientos y alta inflación.
La renovación del decreto se produce un día después de que el Parlamento, bajo control de la oposición al gobierno, se declarara en "sesión permanente" para conocer sobre la renovación, autorizarla o negarla según las explicaciones que espera ofrezca mañana a los diputados el vicepresidente del Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, citado para tal efecto al hemiciclo de los diputados.
La declaración de la emergencia económica permite a Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
La mayoría opositora que controla la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) rechazó el 22 de enero el decreto inicial, pero este se mantiene en vigor gracias a que el 11 de febrero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró su plena "validez" y "vigencia".
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