Al cabo de decenas de denuncias presentadas en 2015, la ley de subrogancias que impulsó el kirchnerismo llegó a la Corte Suprema, que noviembre le dio un revés definitivo. La reforma había permitido que el Consejo de la Magistratura, que por entonces controlaba ese espacio, pudiera hacer nombramientos para juzgados vacantes a partir de una mayoría simple, designando incluso a abogados que no fueran jueces. Y así había minado de afines muchos tribunales, según denunció la oposición.
La sentencia fue implacable con el sistema se había instaurado. "Esta Corte expuso las sustanciales diferencias que existen entre los jueces y aquellas personas que no lo son, a la hora de cubrir una vacante temporal", apuntaron los magistrados.
La Corte fue cuidadosa al medir los efectos de su fallo: es que la marcha atrás no sólo habría anulado en pleno decenas de designaciones, sino también las causas que éstos habían tramitado. De modo que estableció que quienes se encontraran afectados a la sentencia permanezcan en sus cargos por el término de tres meses. El plazo caduca el jueves.
Los conjueces Roberto Boico y Norberto Frontini, en la Cámara Federal de Casación Penal, y el secretario Laureano Durán, en el juzgado federal de La Plata, clave por su competencia electoral, son algunos de los más de 30 magistrados de todo el país que deberían ser apartados esta semana. No se verán alcanzados los jueces titulares que vienen
subrogando otros juzgados, ni tampoco quienes fueron designados antes de la reforma.
Atento a la inminencia de la fecha límite, el oficialismo trabaja por estas horas pare reactivar el Consejo de la Magistratura, ahora en feria. Según la agencia Noticias Argentinas, el representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Juan Mahiques, se encarga de ir sumando votos para una definición.
La ola de designaciones que se impone en los próximos días para cubrir las eventuales vacantes podría demorarse debido a las negociaciones políticas que implica.