El derribo tan temido: la polémica ley y los declamados protocolos

Los portales digitales y los canales de noticias pueden resultar muy prácticos para el lector o televidente que gusta de estar informado al instante. Sin embargo se tornan casi mortales para los funcionarios públicos que quieren montarse a la ola de la noticia y salen a "emitir" apreciaciones seguramente bienintencionadas pero que mal explicadas no pueden hacer otra cosa que confundir a la sociedad.

Esto se observa con mayor evidencia cuando de cuestiones de seguridad o defensa se trata . Es que son dos aspectos en los que normalmente el político arranca tocando de oído y muchas veces se resiste a ser asesorado por los uniformados que le dependen; mucho menos permitir a uno de ellos explicar ante la prensa nada que tenga que ver con la profesión para la que se formó.

La crisis de seguridad que atraviesa el país y el flagelo narco no son temas novedosos, pero explotaron con fuerza en la cara de las autoridades recién asumidas a partir de la famosa fuga de los sicarios del triple crimen y el "sainete criollo" que rodeó su recaptura. Ese caso es un ejemplo claro de qué le puede pasar a un funcionario que está más pendiente de la primicia que de los hechos.

Hace 48 horas que el país discute –con más pasión que conocimiento– la anunciada "Ley de derribo", que se aplicaría a aeronaves que penetren el espacio aéreo nacional sin estar adecuadamente identificadas y que sean sospechosas de ser vehículos de tráfico de estupefacientes.

A diferencia de acciones bélicas tomadas contra un medio de transporte terrestre o acuático, abrir fuego contra una aeronave presupone el derribo y la consecuente muerte de sus ocupantes, sean éstos peligrosos narcotraficantes o irresponsables pilotos civiles paseando por las alturas sin identificarse adecuadamente. Podríamos decir que en ambos casos la pena por el delito o el descuido no es la muerte y aquí radica el primer reparo digamos "garantista" de quienes se oponen a la medida anunciada; como contrapartida están los que sostienen que de alguna manera hay que terminar con este flagelo y que el solo hecho de hacer saber que estamos dispuestos a todo amedrentará a los malos.

Esforzados funcionarios intentaron explicarnos por estas horas que la cosa no era tan ligera, que intervendría un juez, un fiscal, "que se usarían incluso aviones de la prefectura naval" (sic), que esta situación sería equiparada con una "toma de rehenes" (otro sic) y varios otros dislates sin rigor técnico, jurídico u operativo.

Más allá de los considerandos, que podrán gustar mucho, poco o nada, lo más importante y tranquilizador del decreto que dispone la "Emergencia de seguridad" radica en el anexo que fija las "REGLAS DE EMPEÑAMIENTO" (ROE) para llevar a cabo estas eventuales operaciones.

Las ROE son, por definición, un conjunto de directivas y órdenes militares que establecen en forma taxativa el cómo, cuándo y en qué circunstancias se puede llevar a cabo una operación militar e incluso en qué casos se abrirá fuego.

En este caso particular, estas ROE establecen en primer lugar la "cadena de comandos" a las que las fuerzas operativas en el terreno deberán obedecer y asimismo todos los pasos previos antes de llegar al hipotético caso extremo de derribar un avión con las consecuencias imaginables. Desde interceptación disuasiva, escolta hacia el aterrizaje, ráfagas de munición trazante a modo de advertencia, indicación de abandono del espacio aéreo, hasta el derribo hay mucho camino por recorrer.

La lectura del decreto y su anexo llevan por un lado tranquilidad en cuanto a que había algo más detrás de las improvisadas declaraciones de altos funcionarios en el día de ayer. En este punto sería bueno recomendar a los responsables del área seguridad que comiencen un curso rápido de conocimiento de las fuerzas que comandan, empezando con distinguir adecuadamente a comandantes de prefectos y a saber por ejemplo qué fuerzas tienen aviones de combate y cuáles solo tienen medios de reconocimiento.

Dicho esto, necesariamente hay que destacar que no podrá pensarse en un plan de control aéreo serio hasta que realmente el país se encuentre totalmente radarizado y a tiempo completo. El relato K negaba que los pocos radares en servicio funcionaban 8 horas al día, ya que en muchos casos ese era el tiempo disponible para la generación de la energía eléctrica que los alimentaba. Ahora la gente de Cambiemos lo ha reconocido y en buena hora que así sea.

También deberá hacerse (tal como el decreto lo declama) un urgente aprovisionamiento del material logístico necesario; no tanto porque estemos ansiosos de andar derribando aviones, sino porque sin material de vuelo y de apoyo en tierra en condiciones, no llegaremos a persuadir ni a un fumigador furtivo.

Las viejas cartas aeronáuticas "Jeppensen" alertaban a los pilotos del mundo sólo sobre dos espacios aéreos en los que habría derribo sin previo aviso: Cuba y Albania. Ciertamente esta advertencia ha surtido efecto, pues no hay muchos antecedentes de derribos masivos en los cielos mencionados. Estamos lejos, muy lejos de este tipo de legislación, pero hay algo que no podemos soslayar y tiene que ver con nuestra historia reciente. Y que nadie quiere volver a repetir.

Los pilotos militares consultados expresan su temor para que eventuales acciones tenidas de "legalidad" en el presente sean revisadas en un futuro mediato y termine llevándolos a una condena por delitos de lesa humanidad o parecidos, por haber hecho lo que alguien les dijo que debían hacer.

Esta reacción –más humana que militar– es esperable en circunstancias en donde por ejemplo al mismo momento que se anuncia esta medida se dice con el mismo énfasis "no vamos a usar a los militares para combatir al narcotráfico". ¿En qué quedamos? Si amedrentaremos militarmente a narcos voladores, ¿qué haremos con los narcos acuáticos?

Es obvio que la decisión de "empeñar" al instrumento militar de la Nación en un problema de seguridad interior implicaría dar vuelta 35 años de historia democrática; sus costos políticos serían imprevisibles y tal vez los resultados no compensen esos costos. Pero no se le puede pedir a un militar que haga lo único que no estará dispuesto a hacer: cumplir lo que se le ordena pero por su propia cuenta. No lo merecen ni ellos ni la sociedad en su conjunto.