Los jefes maras recibirán hasta 50 años de cárcel en Honduras

La reforma al artículo 332 del Código Penal está consensuada en el Congreso Nacional y cuenta con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta nació desde el Ejecutivo de Juan Orlando Hernández

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La "ley antimaras", como ya se la conoce popularmente en Honduras, es un proyecto presentado por el presidente a href="URL_AGRUPADOR_163/juan-orlando-hernandez-a3676" rel="noopener noreferrer" Juan Orlando Hernández/a y tiene el aval del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia.

Si bien aún no fue aprobada, se sabe que tendrá un masivo apoyo en el tercer debate parlamentario luego de que recibió luz verde de parte del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

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La ley ya fue aprobada en su segundo debate y consiste en reformar el artículo 332 del Código Penal, relacionado con delitos de personas ligadas a asociaciones ilícitas -pandillas o maras-, donde se aumentan las penas hasta 50 años de cárcel a los jefes o cabecillas de esas organizaciones.

De acuerdo a lo que informa El Heraldo, las reformas al artículo 332 del Código Penal o "ley antimaras" contemplan penas de entre 20 y 30 años de cárcel, pero al incrementarse en un tercio para los cabecillas de pandillas criminales, la sentencia podría ser de hasta 50 años.

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Actualmente, el artículo 332 del Código Penal establece penas de entre tres y seis años de reclusión a los fundadores, cabecillas o conductores de pandillas o grupos ilícitos. Sin embargo, con esta reforma, enviada por el presidente Juan Orlando Hernández y dictaminada por la comisión ordinaria de seguridad y prevención ciudadana, se amplían duramente solo para los miembros de estas asociaciones y la misma cantidad, pero aumentada en dos tercios para los cabecillas.

La reforma del artículo 332 del Código Penal, que cuenta con la opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), también amplía las penas de prisión contra los integrantes y cabecillas de maras que conspiren o atenten contra cualquier alto funcionario del Estado u operador de justicia y utilicen menores o mujeres para cometer sus crímenes.