Denuncian que el kirchnerismo creó un tribunal en Santa Cruz para desviar las causas por corrupción

Fue un miércoles cargado en la Cámara de Diputados: en la maratónica sesión se debatieron distintas normas para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y un proyecto para cambiar el sistema de designación de jueces subrogantes. En el temario figuró también un tema votado luego de la medianoche que a primera vista podría pasar desapercibido: la creación de una llamativa Cámara de Apelaciones en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, un pueblo de 6.000 habitantes en la provincia de Santa Cruz.

La oposición sospecha que ese nuevo tribunal tiene un único objetivo: garantizar que las causas contra el empresario Lázaro Báez y los funcionarios kirchneristas de la provincia puedan ser desviadas a él para garantizarse impunidad en distintas causas de corrupción y lavado de dinero.

Uno de los más duros críticos fue el diputado radical Manuel Garrido, quien en pleno recinto acusó al kirchnerismo de querer crear esa instancia judicial "antes de que este Congreso se vaya para cubrirle las espaldas a los funcionarios que tienen domicilio fiscal en la provincia de Santa Cruz, al señor Lázaro Báez y a otros que están buscando desplazar sus causas penales a la provincia de Santa Cruz para garantizarse la impunidad".

El legislador, quien años atrás se desempeñó como fiscal de la Nación, señaló que la creación del nuevo tribunal no se justifica "ni por territorio ni por volumen de trabajo". Su creación sólo puede ser interpretada como una "clara maniobra para nombrar jueces amigos" para los procesos judiciales que deban enfrentar los funcionarios kirchneristas cuando dejen el poder.

Con su opinión coincidió su compañera de bloque, la cordobesa Patricia de Ferrari. "Mientras La Rioja debe ir a las Cámaras de Córdoba, en Piedrabuena podrán refugiarse todos los pingüinos sospechados o acusados de corrupción", acusó a través de su cuenta de Twitter.

En su exposición, Garrido presentó también una serie de argumentos técnicos sobre por qué no existe ninguna evidencia de que haya que aliviar el trabajo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut, con la creación de un tribunal en Piedrabuena. Sólo el interés de tener jueces afines en la región explica semejante movimiento.

"No necesitamos impunidad", había asegurado la diputada kirchnerista Diana Conti más temprano, ante las numerosas acusaciones que recibían de la oposición por el poder que se le otorga a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, con la reforma judicial votada este miércoles.

De acuerdo con el "Informe sobre necesidad de creación de Juzgados Federales del Interior" elaborado por el Consejo de la Magistratura, una Cámara de Apelaciones debería tener unos 1.800 expedientes y 600 causas para trabajar con comodidad. Esa cifra lejos estuvo de ser alcanzada por la Cámara de Comodoro Rivadavia: en 2013 ingresaron 769 expedientes civiles y 445 trámites penales.

"La creación de esta nueva Cámara no responde a ninguna exigencia de la labor judicial en la Patagonia, sino que pareciera ser más acorde a una necesidad de generar una alzada federal afín y obsecuente. En particular, si tenemos en cuenta el próximo sistema de subrogancias que dará piedra libre al Consejo de la Magistratura para nombrar jueces sin acuerdo del Senado", acusó Garrido.

Se refiere a un proyecto que también fue hecho ley anoche: la nueva normativa establece que el Consejo de la Magistratura deberá elaborar cada seis años una lista de conjueces "para cada fuero, jurisdicción e instancia" y luego enviarla al Poder Ejecutivo. A su vez, el Gobierno deberá girarla al Senado para su acuerdo. Si la Cámara alta no aprueba la lista recibida, el Consejo quedará en condiciones de nombrar subrogantes para los puestos vacíos sin necesidad de tener su apoyo. Esos magistrados podrán quedarse en su puesto por 90 días.