Según el informe de Human Rights Watch (HRW), hubo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en su mayoría pacíficos, detenciones arbitrarias, acompañadas de palizas y otros abusos a los detenidos, y denegación de los derechos básicos del debido proceso.
HRW señala que la presidencia de Nicolás Maduro siguió el accionar de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez: "La acumulación de poder por parte del Ejecutivo y la erosión de las garantías de los derechos humanos han permitido al Gobierno intimidar, censurar y perseguir a sus críticos".
El reporte alerta sobre fuerza excesiva contra manifestantes desarmados, falta de independencia del Poder Judicial, problemas de libertad de expresión, acoso a defensores de derechos humanos, mala condición de las cárceles del país, erosión de derechos laborales y la preocupación que han manifestado varios actores internacionales sobre cómo el Gobierno busca acallar a los disidentes.
"Miembros de la Corte Suprema han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, adhiriendo públicamente su compromiso a avanzar la agenda política del Gobierno y repetidamente fallando a favor del Gobierno, validando su indiferencia por los derechos humanos", detalla el informe.
HRW también rechaza el encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López y califica las acusaciones en su contra como "sin fundamento".
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En su informe anual, la dureza con la que se evalúa a Venezuela sólo es comparable con la situación en Cuba. La ONG afirmó en su informe que los países de América Latina deben aprovechar el impulso del acercamiento entre EEUU y Cuba para reclamar no sólo el fin del embargo, sino el respeto a los derechos humanos en la isla.
El director para la región de la ONG Human Rights Watch (HRW), Daniel Wilkinson, afirmó que el régimen cubano "continúa reprimiendo a la disidencia y desalentado la crítica pública. Mientras en los años recientes han disminuido las penas de prisión de larga duración que son impuestas a los críticos, han aumentado drásticamente las detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y otros críticos". "Otras tácticas represivas empleadas por el Gobierno son las palizas, los actos de oprobio y el despido laboral", concluye el informe.
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