Luego del requerimiento de instrucción del fiscal Carlos Stornelli, el juez federal Claudio Bonadio ordenó este jueves al mediodía un allanamiento en la empresa Hotesur, que administra el hotel Alto Calafate, en el marco de una denuncia impulsada por la diputada nacional Margarita Stolbizer.
La legisladora del GEN-UNEN había presentado una denuncia penal para que la Justicia investigue a Cristina Kirchner por la presunta comisión de delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en referencia a los hoteles que posee la primera mandataria en el sur.
Según Stolbizer, "del análisis de la Declaración Jurada Patrimonial de la Presidenta" de la Nación "surge como dato por ella misma aportado que es titular de acciones (sin que se mencione en qué cantidad o porcentaje de participación) de Hotesur S.A.".
"Esa participación está valuada en $ 9.367.528 y reconoce luego una deuda con la misma sociedad sin que se aclaren conceptos o razones de dicho endeudamiento", precisó la legisladora en la presentación que recayó en el juzgado de Bonadío.
La sociedad Hotesur es propietaria del hotel Alto Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y la líder del GEN considera que hay sospechas de que podría ser un alojamiento "fantasma" usado por el matrimonio presidencial para hacer negocios con el empresario Lázaro Báez.
Stolbizer pidió que se investigue si la sociedad le debe a la Inspección General de la Justicia (IGJ) balances desde el año 2011 y otras eventuales irregularidades en cuanto a la conformación de la sociedad.
"Si bien en el Estatuto se determinó que cada tres años se renovaría el directorio, Hotesur SA nunca notificó cambios después del fallecimiento de Néstor Kirchner", dijo días tras Stolbizer.
Según pudo saber Infobae, la oficina allanada, ubicada en la calle Lavalle al 900 de la Ciudad, estaba vacía.
Además, el magistrado también ordenó a la Policía Metropolitana un operativo en la Inspección General de Justicia por legajos que haya podido presentar la firma, y envió pedidos de información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el fin de conocer declaraciones juradas e impositivas.
En ese sentido, el organismo recaudador informó que "mediante una orden de presentación a la que asistió con personal de la policía Metropolitana (5 agentes) y testigos" se le requirió información.
"AFIP señala que generalmente este tipo de información la Justicia la pide por oficio, siendo extraordinario y poco frecuente que la Justicia haga este requerimiento mediante una orden de presentación, como ocurrió en este caso", indicó en un comunicado la agencia que preside Ricardo Echegaray.
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